Las leyes que avalan la represión
Como salido de un campo de concentración de la Alemania Nazi
El mejor sistema carcelario del mundo, según la definición del canciller Bruno Rodríguez, ha devuelto a su casa al preso político Ariel Sigler Amaya convertido en un cadáver andante, como le calificara su propia familia. El humanismo revolucionario ha conseguido quebrar su salud, manteniéndolo encerrado 20 meses después de haber sufrido una paraplejía.
Además de otorgar la licencia extrapenal a Sigler Amaya, el régimen ha trasladado a algunos presos a sus provincias de residencia, evitándole así a sus familiares los largos desplazamientos que se veían obligados a realizar para visitarlos. Los beneficiarios de estas medidas, sin embargo, aún son pocos, y la represión en las calles permanece inalterada. El acoso a Reina Luisa Tamayo, madre de Orlando Zapata, y la batida policial contra miembros de la Agenda para la Transición y la Unidad Liberal de la República, así lo demuestran.
La represión, junto al continuo y perverso toma y daca del régimen en materia de derechos humanos, obliga a recibir los actuales "gestos" con justificadas reservas. La permanencia de las leyes 88 y de "peligrosidad predelictiva", entre otras, garantiza la materia prima para negociaciones periódicas. Si no es con presos políticos, intercambiables por titulares de prensa y algo de oxígeno, ¿con qué otra cosa va a negociar y ganar tiempo el castrismo?
El devenir actual tiene nombres propios: Orlando Zapata Tamayo, Guillermo Fariñas, las Damas de Blanco y de Apoyo, centenares de activistas de la sociedad civil, la solidaridad internacional y la "mediación" de la Iglesia Católica. Esta última ha sido una pieza clave, aunque el esfuerzo, sin duda, lo ha protagonizado la disidencia interna. En su conjunto, estos actores han logrado que los movimientos del régimen no se produzcan a instancias de líderes religiosos o políticos extranjeros. De ello debe ser consciente la jerarquía católica, tanto por el resultado parcial de las negociaciones como por la responsabilidad que entraña el difícil papel que ha aceptado desempeñar.
De igual modo, la Unión Europea, que acaba de aplazar su evaluación de la Posición Común a la espera del diálogo Iglesia-régimen, deberá tener presente que su actual política hacia la Isla, aprobada en 1996, habla de tener en cuenta "avances concretos hacia una democracia pluralista".
Por ello, pese al pedido humanitario y a las concesiones inherentes a toda negociación, es necesario no perder de vista el objetivo principal: Iglesia y diplomacia europea deben exigir modificaciones en el marco legal que garantiza el círculo vicioso represión-cárcel-liberación-represión. Además de la puesta en libertad de todos los presos políticos y de conciencia, resulta imprescindible conseguir la derogación de las leyes que avalan las violaciones de los derechos humanos.
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