Gabriel tenía 14 años cuando ocurrió el abuso; ahora tiene 25 años, el daño ya está hecho, ahora ni todo el dinero del Vaticano le dará la felicidad, ni le quitará el trauma causado..Despues escuchas a los representantes de las iglesias juzgando, criticando y descriminando a los homosexuales por reclamar sus derechos como ser humano...
Nazaret Castro | Buenos Aires
Por primera vez en la historia argentina, la Iglesia católica se ve obligada por un fallo judicial a indemnizar a la víctima de un cura pedófilo. Según ha trascendido, la institución eclesiástica protegió al sacerdote, pese a que éste confesó que abusó del joven cuando tenía 14 años de edad. Ahora, la Cámara de Apelaciones de Quilmes, una localidad del conurbano bonaerense, ha determinado que el Obispado de ese municipio indemnice tanto al muchacho como a su madre.
Gabriel tiene hoy 25 años. Hace más de diez, en agosto de 2002, el cura Rubén Pardo lo abordó una madrugada y abusó sexualmente de él. Decidió hablar. Y el sacerdote reconoció los hechos ante el entonces obispo de Quilmes, Luis Stockler, que se limitó a aplicarle una "amonestación canónica" por violar el sexto mandamiento, ese que reza "no cometerás actos impuros".
La Iglesia nunca consideró el caso como un delito de la gravedad que dicta el sentido común, sino como apenas "una debilidad propia de los célibes", según el diario 'Página 12'. La institución nunca expulsó a Pardo, que llegó a ser alojado en una vivienda del Arzobispado de Buenos Aires, en aquel momento dirigida por Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco.
El caso llegó a figurar en una causa penal, que se archivó cuando el sacerdote murió de sida en junio de 2005. Pero Beatriz Varela, la madre de Gabriel, siguió peleando: no quería venganza; quería justicia. Un reconocimiento público de que lo que le habían hecho a su hijo era un acto aberrante y cobarde, no una "debilidad moral" asimilable a tantos otros "actos impuros" que señala la Iglesia.
"La Iglesia ya no se va a poder mover con la misma impunidad", declaró Varela tras conocer el fallo, según el diario argentino. No es para menos: después de una larga batalla judicial que ha durado una década, han conseguido un fallo histórico. Es la primera vez en el país austral que la Iglesia católica se ve obligada a resarcir a una víctima de pedofilia.
En total, el Obispado deberá pagar 155.600 pesos argentinos (cerca de 23.000 euros) más los intereses por los diez años transcurridos desde los hechos. Esta suma incluye, de un lado, la indemnización para el joven que sufrió los abusos: 120.000 pesos por años morales y 7.800 pesos para financiar el tratamiento psicoterapéutico. Se pagará asímismo un resarcimiento para su madre: 20.000 pesos por daños morales y otros 7.800 pesos para el tratamiento psicológico. Las partes tendrán diez días para apelar el fallo.
Hipocresía e impunidad
Beatriz Varela, como toda su familia, era una mujer creyente y comprometida con la Iglesia, pero se alejó de la institución ante el tratamiento que se le dio al caso de su hijo. Lo mismo le pasó a Gabriel, que asegura en una entrevista concedida a Página 12 que fueron muchas las amistades que perdió al alejarse de la Iglesia: "No se puede creer lo cegados que están".
Habla de un intento de suicidio, del sentimiento de vergüenza, de la culpa que lleva a tantas otras víctimas de abusos, sobre todo menores de edad, a guardar silencio. Él consiguió, gracias a la terapia, superar la desconfianza y el miedo, y entender que "estas cosas pasan porque hay gente pervertida". Pero sabe que hay muchos, quién sabe cuántos, que no se animan a hablar.
Lo cierto es que, en Argentina como en tantos lugares del mundo, la Iglesia ha sido sistemáticamente señalada por encubrir y minimizar casos de pederastia perpetrados entre sus filas. El propio Jorge Bergoglio ha sido señalado por el caso del cura Julio César Grassi, que afirmó que el entonces arzobispo de Buenos Aires le protegió en todo momento. Grassi fue condenado a 15 años de prisión por corrupción de menores y abuso sexual, delitos que cometió dentro de su fundación Felices los Niños.
De algún modo, el nombre de esa fundación y la gravedad de aquellos hechos ayudan a apreciar el grado de hipocresía y perversión que ha calado en amplios sectores de la Iglesia, que durante años, décadas, han estado más preocupados por ocultar esta lacra que por erradicarla. Pero las palabras de Gabriel apuntan a que no esa hipocresía moral no es exclusiva de los clérigos: amplias capas de la sociedad han decidido mirar hacia otro lado. Una perversa tolerancia tácita que ha dificultado a las víctimas de esos abusos hablar y exigir justicia. El silencio y la impunidad perpetúan los crímenes.
Tal vez este inédito fallo judicial, que tiene la virtud de colocar la responsabilidad en la institución y no sólo en el pederasta, ayude, como decía Beatriz, a acabar con esa impunidad. Habrá que ver, de otra parte, cuál será la actitud del Papa Francisco frente a esta cuestión, ahora que está al frente del Vaticano. Algo sí está claro: esa tolerancia social se resquebraja. Cada vez más, la sociedad, incluyendo los fieles católicos, se indigna y exige respuestas.
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