Cuba: internet como privilegio
Hay dos tácticas fundamentales, que el gobierno de La Habana lleva décadas empleando contra la oposición pacífica.
Una es recurrir a la envidia ciudadana, acusar a los opositores de recibir grandes sumas provenientes de Washington.
La otra es considerarlos elementos subversivos, capaces de llevar a cabo o preparar planes destinados a producir el caos, desestabilizar el país e incluso crear las condiciones para supuestos ataques militares.
En un régimen totalitario, el ejercer un pensamiento independiente de forma pública resulta peligroso. La difusión de ideas y opiniones, que van en contra de la corriente del pensamiento impuesto desde el poder —aunque no fomenten la subversión y mucho menos acciones violentas para destruirlo— no puede ser tolerada.
El régimen cubano incluso ha llegado a considerar el uso de los teléfonos celulares como instrumentos ideales para labores “subversivas”, cuando en un editorial aparecido en Cubadebate caracterizó la celebración en La Habana del Festival CLIC, que durante tres días discutió sobre las nuevas tecnologías de la información y el uso de las redes sociales de internet en 2012, y al que asistieron blogueros, escritores, periodistas independientes y activistas, como un evento con fines “subversivos”, al que intentó vincular incluso con actividades de “insurrección armada”.
“Esta maniobra tiene claros antecedentes en la red que construyera en Siria un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, utilizada hoy para alentar el terrorismo y la intervención extranjera y que Estados Unidos enmascaró como un servicio para denunciar el maltrato escolar. En Libia los celulares “Thuraya”, especialmente promovidos por EEUU, permitieron establecer coordenadas y ubicar blancos civiles y militares, que ocasionaron incalculables pérdidas a las fuerzas leales al gobierno de entonces”, afirmó en aquella ocasión Cubadebate.
Si por razones económicas el uso de los teléfonos celulares ha continuado extendiéndose, es una de las razones para apoyar cualquier tipo de medida que facilite los cambios económicos, más allá del aferrarse a medidas políticas ya caducas.
El tratar de convertir cualquier conducta o idea ajena al régimen, en una falta de reverencia o respeto, no es solo una muestra de totalitarismo, sino también un ejemplo de ideología reaccionaria. Una ideología retrógrada que no tiene otra expresión para materializarse que el recurrir a la represión más grosera y burda.
En un tono más moderado —acorde a los tiempos que corren— el ex ministro de Cultura y ahora asesor de la presidencia, Abel Prieto, acaba de recurrir a explicaciones reaccionarias similares. Curioso en su caso, porque si algo lo caracterizó, como esperanza —es cierto, a la larga y a la corta espuria— fue el intentar representar una imagen progresista dentro del marasmo cultural, e incluso político, imperante en el momento de su elección como ministro.
Prieto instó recientemente a difundir un “pensamiento descolonizador” sobre el uso de las nuevas tecnologías y promover alternativas para contrarrestar prácticas hegemónicas.
“Debemos promover, Cuba, el ALBA, la CELAC, otros actores progresistas de la comunidad internacional, la difusión de un pensamiento descolonizador sobre el uso de estas tecnologías”, afirmó Prieto en la clausura de una conferencia internacional sobre comunicación política en el ámbito digital celebrada en La Habana, informaron medios oficiales.
De nuevo el internet y la telefonía clasificados no como un avance tecnológico, sino limitado a uno de sus usos. Porque si bien estas tecnologías son utilizadas con fines bélicos y de inteligencia, por lo general sus usuarios lo emplean en actividades más vulgares, desde comunicarse con amigos hasta buscar pareja.
En su intervención, reproducida también en Cubadebate, Prieto dijo que el internet es un “derecho social” y destacó que es necesario promover el acceso a la red entre los que menos tienen.
El asesor se equivoca: el acceso a internet no es un “derecho social” sino en primer lugar una legitimidad individual, ciudadana. El considerarlo como una categoría social —que también lo es— no es más que una sucia artimaña, repetida en Cuba una y otra vez en infinitud de ocasiones, para trocar en privilegio de unos pocos elegidos lo que de por sí debe estar al alcance de todos.
La función de internet se asocia, en primer lugar, a un uso personal, ya sea doméstico, laboral o público. No hay contradicción entre utilizar la red en el trabajo o en el hogar, salvo el hecho de quien paga el servicio. En este país uno puede entrar en cualquier Starbucks y conectarse a la red, incluso sin tener obligatoriamente que comprar un café.
Lo que debió enfatizar Prieto es la necesidad de brindar el servicio a los que “menos tienen”, que en el caso de Cuba son los millones que carecen de una conexión en sus hogares. Bajo el argumento de un bien social, lo que está postulando es precisamente lo contrario: convertirlo en prebenda.
Cuba tiene una de las tasas de penetración a la red más bajas del mundo. El servicio es caro y deficiente. Eso es lo que debía preocupar a los funcionarios como Prieto, y no dedicarse a fabricar espantapájaros gastados.
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