El Parlamento de Aruba, en el Caribe, aprueba
una ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo
ARUBA SE UNE AL CLUB DE LA IGUALDAD APROBANDO LAS UNIONES CIVILES GAYS
Aruba acaba de unirse al club de los países igualitarios al aprobar las uniones civiles gays. El Parlamento de Aruba, país caribeño que forma parte del Reino de los Países Bajos, ha aprobado por 11 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones modificar su código civil para permitir las uniones entre personas del mismo sexo. La impulsora de la reforma ha sido la senadora Desiree de Sousa Croes, abiertamente lesbiana.
Al hablar de lo que antiguamente se conocía como “Antillas Holandesas” hay que diferenciar dos situaciones, ya que esta entidad desapareció formalmente en 2010. Bonaire, San Eustaquio y Saba se convirtieron en municipios holandeses especiales del Caribe. Aruba, Curaçao y San Martín (Sint Maarten, en neerlandés), sin embargo, optaron por mantenerse como países constituyentes del Reino de los Países Bajos, pero con un grado de autonomía mucho mayor. Los tres primeros, por tanto, pasaron a asumir como propia la legislación holandesa en materia de matrimonio (en 2012 recogimos la celebración del primer matrimonio entre personas del mismo sexo en estas islas, celebrado en concreto en Saba), pero no fue así en el caso de Aruba, Curaçao y San Martín.
Estos tres países, socialmente muy conservadores y de mayoría católica, se han negado durante todos estos años a reconocer las uniones entre personas del mismo sexo. Es cierto que la Corte Suprema de Holanda, en una decisión que se remonta a 2007, obligó a Aruba a reconocer el matrimonio de una pareja de mujeres celebrado en suelo holandés, pero aún así las autoridades locales se han negado a equiparar en la práctica los derechos de las pocas parejas del mismo sexo casadas cuyo matrimonio ha sido reconocido a los de los matrimonios heterosexuales. “Ya tenemos parejas del mismo sexo casadas en Aruba. Hoy día basta con ir a Bonaire, en un vuelo de 20 minutos, y luego registrarse en Aruba. Pero no tenemos los mismo derechos, porque nuestras leyes locales no otorgan los mismos derechos a nuestros matrimonios”, declaraba la senadora de Sousa Croes a Open Democracy en agosto. Y ella sabe bien de lo que habla: precisamente conforma junto a su esposa (con la que se casó en Ámsterdam en 2012) uno de esos matrimonios “reconocidos” pero sin derechos. Además, la legalización permite también acceder a otros derechos irrenunciables en cualquier pareja, como el acceso a la pensión por parte de la pareja, derechos en el ámbito patrimonial, o el derecho a tomar decisiones médicas de urgencia. Esperemos que esta decisión del Parlamento de Aruba sea el primer paso para que otros países de la zona se atrevan a mejorar la igualdad de todos sus ciudadanos en un área geográfica que no brilla precisamente por el respeto a los derechos LGBT.
Una situación a la que pondrá fin la nueva legislación de uniones civiles, que permitirá por fin a las parejas del mismo sexo acceder a la mayoría de los derechos de los que disfrutan los matrimonios heterosexuales de la isla en materia patrimonial, de pensiones, de seguridad social o de decisiones médicas en situaciones de urgencia. La ley también supone un indudable paso adelante en una región, el Caribe, especialmente dura para las personas LGTB. Ojalá ejerza un cierto “efecto contagio”…
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