Cómo el gobierno de Trump impulsó la política de separar familias
WASHINGTON — Casi inmediatamente después de que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo, su gobierno empezó a sopesar una medida que por años se había catalogado como la “alternativa nuclear”, para disuadir a los inmigrantes de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Si detenían a familias por ingresar al país de manera ilícita, los niños serían separados de sus padres, dijo el jefe de gabinete John Kelly en marzo de 2017, cuando era secretario de Seguridad Nacional, “para impedir que haya más movimiento dentro de esta red extremadamente peligrosa”.
Durante más de una década, incluso cuando los niveles promedio de inmigración ilegal a Estados Unidos se redujeron, los aumentos estacionales de los cruces no autorizados habían llevado a los presidentes estadounidenses de ambos partidos políticos a lanzar propuestas cada vez más agresivas para impedir que los migrantes emprendieran ese viaje.
Sin embargo, para George W. Bush y Barack Obama la idea de arrancar a niños sollozantes de los brazos de sus padres era una crueldad —y, políticamente, demasiado arriesgado— como para aceptar que se convirtiera en práctica común. A pesar de que las medidas severas contra la inmigración fueron un tema central en la campaña de Trump, esta misma realidad resultó en que la idea fuera dejada de lado por un tiempo, sobre todo después de que los comentarios de Kelly provocaron una respuesta negativa.
No obstante, algunos integrantes de la Casa Blanca nunca abandonaron la propuesta. Especialmente Stephen Miller, el principal consejero político de Trump. Y en mayo, ante un repunte en los cruces fronterizos ilegales, Trump ordenó una nueva iniciativa para someter a cualquiera que cruce de manera ilícita a un proceso penal, con excepciones contadas, para los padres que viajan con niños menores de edad.
Ahora Trump se enfrenta a las consecuencias. Hay cientos de niños retenidos en refugios improvisados tras ser separados de sus padres, y los portavoces de la Casa Blanca tuvieron que responder en los últimos días a acusaciones de que el gobierno se comporta como lo hacía el régimen nazi. Incluso simpatizantes de Trump han calificado a su política como “deplorable”.
Entre los que han objetado la práctica está el presidente mismo. Pese a su dura retórica sobre la inmigración y su clara directiva de no tener piedad al momento de hacer cumplir la ley, ha buscado echarle la culpa públicamente a alguien más por la separación de las familias. Ha declarado en falso que los demócratas son los responsables de esta medida. Esta podría volverse una marca definitoria de la política interna de su mandato.
Funcionarios actuales y previos del gobierno de Trump dicen que dentro de la misma Casa Blanca hay mucha inquietud acerca de la medida; que algunos de los encargados de implementarla la consideran impracticable y moralmente dudosa. Kirstjen Nielsen, la actual secretaria de Seguridad Nacional, ha tenido enfrentamientos en privado con Trump al respecto, a los que el presidente ha respondido con sermoneos coléricos que por poco la han orillado a renunciar.
Sin embargo, el asesor Miller no parece compartir el recelo del presidente. “Ninguna nación puede tener una política en la que clases enteras de personas sean inmunes a la ley migratoria o a su cumplimiento”, dijo en una entrevista en su oficina en el ala occidental a principios de junio. “Fue una decisión sencilla de la administración tener una política de tolerancia cero para la entrada ilegal al país. Es todo. El mensaje es que nadie está exento de cumplir con la ley migratoria”.
Quienes crítican al gobierno no aceptan esta explicación. “Esta no es una política de tolerancia cero, es una política de cero humanidad, y no podemos permitir que continúe”, dijo el senador Jeff Merkley, demócrata de Oregon. “Separar bruscamente a los niños de sus padres para causarles daño a los pequeños y así influir en los padres es inaceptable”, agregó.
Jeh Johnson, quien fue secretario de Seguridad Nacional de Obama, argumentó que, más allá de lo moral que es la medida, usarla a modo de disuasión no es práctico y tampoco es una solución a largo plazo para el problema.
Las prácticas previas
Cuando empezaron a aumentar los números de migrantes centroamericanos que llegaban a la frontera, incluyendo a muchos que no venían con niños, a principios de 2014, Obama formó un equipo pluriagencial en la Casa Blanca para analizar cómo debían actuar.
Los funcionarios se reunieron para revisar sus opciones ante la situación: los migrantes abusaban cada vez más de las leyes migratorias y de las sentencias judiciales en vigor, y algunos adultos pensaban que al viajar con niños sería más fácil ingresar al país a partir de una teoría de que las familias recibían un trato distinto a las personas que llegaban solas.
“Las agencias estaban analizando todas las ideas posibles”, recordó Cecilia Muñoz, la principal consultora política de Obama, incluso separar a los padres de sus hijos. “Recuerdo que nos miramos como diciendo: ‘No vamos a hacer eso, ¿o sí?’. Lo pensamos por cinco minutos y llegamos a la conclusión de que era una mala idea. La moralidad estaba clara… no somos esa clase de personas”.
No obstante, sí decidieron expandir la detención de las familias migrantes. Se abrieron nuevos centros de detención a lo largo de la frontera donde mujeres y niños eran retenidos durante largos periodos mientras esperaban a ver si se tramitaban sus casos.
Los grupos defensores de inmigrantes denunciaron la política, reprendieron a los altos funcionarios del gobierno —algunos de los cuales ofrecieron disculpas— y le expresaron este descontento a Obama a la cara durante una reunión en la Casa Blanca a finales de 2014, cuando le dijeron que les estaba dando la espalda a las personas vulnerables que buscaban refugio en Estados Unidos.
Bush, que tuvo experiencia de primera mano con la frontera como gobernador de Texas y se postuló a la presidencia como un “conservador compasivo”, fue quien dio inicio al enfoque de tolerancia cero para la inmigración ilegal en el que se basa la política de Trump.
En 2005, lanzó el operativo Streamline, un programa para un tramo de la frontera de Texas que indicaba que todos los que ingresaban de manera ilícita serían procesados como criminales; los encarcelaban y aceleraban sus juicios para deportarlos con rapidez. La iniciativa rindió frutos y pronto se expandió a más sectores de la frontera. Sin embargo, en ese entonces se hacían excepciones en general para los adultos que estuvieran viajando con niños, así como para los menores de edad y las personas enfermas.
El gobierno de Obama también utilizó el programa en el auge de la crisis, aunque no les daba prioridad a los que cruzaban por primera vez; las familias eran retenidas juntas, en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Era una detención administrativa más que penal.
Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, de inmediato empezaron las conversaciones para ampliar el operativo Streamline, pero sin las restricciones previas. El Departamento de Seguridad Nacional puso a prueba el enfoque a partir del verano pasado en ciertas regiones de Texas.
Cambio de enfoque
Miller arguyó en privado que retomar la postura de tolerancia cero podría ser una herramienta poderosa en un arsenal de estrategias que llamó limitado con el fin de impedir que los migrantes crucen la frontera a raudales.
La idea era detener la práctica a la que los opositores se referían como “capturar y liberar”, en la que los inmigrantes que eran arrestados en la frontera podían llevar el proceso en libertad dentro de Estados Unidos en espera de que se tramitaran sus casos. Miller argumentó que la política les proporcionaba un incentivo perverso a los migrantes, pues prácticamente les garantizaba que, si llegaban a la frontera con Estados Unidos y declaraban un “temor creíble” de regresar a su país, se les daría la oportunidad de quedarse bajo las leyes del asilo, al menos temporalmente.
Una larga lista de solicitudes de asilo pendientes significaba que en muchos casos pasaban años antes de que los migrantes tuvieran que comparecer ante un juez para validar la solicitud de asilo, y muchos nunca regresaban a hacerlo.
La situación era aún más complicada cuando había niños de por medio. Una ley de 2008 que buscaba combatir el tráfico de menores estableció requisitos rigurosos acerca de cómo se debe tratar a los niños no acompañados de Centroamérica.
Los menores de edad de México y Canadá pueden ser repatriados rápidamente, a menos que se considere peligroso hacerlo. Pero aquellos provenientes de otras naciones más lejanas no pueden regresar con tanta facilidad. Deben ser trasladados en menos de 72 horas a la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos para ser ubicados en un ambiente que sea lo menos restrictivo posible. Y un fallo jurídico establecía que los niños y las familias no podían quedarse detenidos por más de veinte días.
En octubre, Trump revocó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el programa del gobierno de Obama que les otorgaba permisos temporales a jóvenes inmigrantes sin documentos que hubieran crecido en Estados Unidos. En respuesta, Miller insistió en que cualquier propuesta legislativa que pretendiera suplir estas protecciones debía contener medidas para prevenir lo que él llama vacíos legales que motivaban a los inmigrantes ilegales a emprender su trayecto.
En abril, cuando se dispararon las cifras de detenciones en cruces fronterizos, Miller fue clave para impulsar la decisión que tomó Trump de intensificar la política de cero tolerancia.
Técnicamente, no hay una política del gobierno de Trump que declare que quienes cruzan la frontera deben ser separados de sus hijos. Pero la política de tolerancia cero ha provocado que inmigrantes sin documentos sean puestos en custodia criminal federal y que sus hijos sean considerados menores foráneos no acompañados, con lo cual son alejados de sus padres.
A diferencia del gobierno de Obama, el de Trump está tratando a todas las personas que han cruzado la frontera sin autorización como sujetas a un proceso penal, incluso cuando le explican al oficial que los arresta que vienen en busca de asilo por miedo a regresar a su país de origen, indistinto de si vienen o no acompañados de sus hijos.
“Venir con niños ya no los hace inmunes al arresto y el proceso legal”, dijo el fiscal general Jeff Sessions, en un discurso el 21 de junio en Fort Wayne, Indiana.
“Citaré al apóstol Pablo en su decreto claro y sabio en la carta a los Romanos, capítulo XIII”, dijo Sessions. “Las leyes del gobierno deben obedecerse porque Dios las ha decretado con el propósito del orden”.
JULIE HIRSCHFELD DAVIS Y MICHAEL D. SHEAR
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