En el verano de 2008, detrás de un corral de cerdos, en una mísera casucha improvisada de madera en El Calvario, localidad al sur de La Habana, una abogada de 28 años disertaba sobre la importancia de que el régimen cubano ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966.
Apasionada jurista, Laritza Diversent explicaba que si el 28 de febrero de 2008 el canciller Felipe Pérez Roque había firmado esos documentos en la sede de la ONU, en Nueva York, Cuba estaba obligada a ratificarlos y, por lo tanto, debía cumplir y establecer derechos civiles y políticos que allanarían el camino hacia una futura democracia.
Laritza tenía tres factores poderosos en su contra: mujer, negra y pobre. Además, madre de un hijo de 10 años. Fue una proeza que se graduara de abogada entre tantas dificultades. La campaña iniciada por ella fue respaldada por diversos grupos opositores. La dictadura, en su soberbia, jamás ratificó esos pactos.
Abogados independientes como Laritza Diversent y Julio Ferrer no desistieron en denunciar las arbitrariedades de la maquinaria legal y abrieron una oficina, Cubalex, dedicada a asesorar a cientos de personas a las cuales el Gobierno transgredía sus derechos. Diversent labró un camino exitoso dentro de la disidencia en Cuba.
Con una paciencia asiática, la abogada preparó diversos cursillos sobre el conocimiento de las leyes que estaban dirigidos a opositores, activistas y periodistas independientes. Participó en foros internacionales denunciando los atropellos del castrismo. Siempre documentando cada abuso. En sus testimonios desmontaba el barniz de aparente democracia que le gusta alardear al Gobierno cubano. Y mostraba la realidad tal cual es. Una dictadura dura y pura.
Sus conocimientos jurídicos la convirtieron en una enemiga formidable para los servicios especiales de la autocracia verde olivo. Una mañana de 2016 desmantelaron la oficina de asesoría legal Cubalex, encarcelaron al jurista Julio Ferrer y le abrieron un expediente punitivo a Laritza. La única puerta que le quedó abierta fue la del destierro. Actualmente reside en Pensilvania, pero al igual que muchos exiliados, sigue durmiendo con Cuba debajo de su almohada. Es muy activa en las redes sociales y gracias a las nuevas tecnologías, asesora en la distancia a quien le pida ayuda.
Abogados como Laritza, Julio Ferrer y René Gómez Manzano, entre otros, han demostrado el auténtico apartheid erigido por los hermanos Castro contra su pueblo. Como el Decreto Ley 217 de 1997, que impide a los cubanos nacidos en la región oriental residir en La Habana. O las transgresiones del régimen a su propia Constitución.
Es cierto que la oposición pacífica está dividida y no ha podido llegar a la gente de a pie. Pero su capacidad de denuncia ha incidido en las escuetas reformas económicas impulsada por el régimen de Raúl Castro.
Hasta 2008, ningún periodista de los medios oficiales, ministro e intelectual de renombre, públicamente reconocían que los cubanos eran ciudadanos de segunda clase y no podían alojarse en centros turísticos, vender o comprar legalmente una casa o viajar al exterior sin tantos controles migratorios. Fueron los opositores y periodistas libres quienes siempre reclamaron ésas y otras aperturas más profundas en el terreno económico, social y político.
Ahora, es la oposición la que exige una nueva constitución, una ley de leyes que ampare a todas las corrientes de pensamiento y reconozca la diversidad política, no la falsa Carta Magna que el Gobierno implementará en 2019.
Es la disidencia la que pide mayor libertad económica para los emprendedores privados, derogar las absurdas normativas que limitan la riqueza, cuando de lo que se trata es combatir la pobreza que aumenta cada año en el país. La que demanda democracia, tripartición de poderes, libertad de expresión, prensa y cultura y autonomía universitaria.
Si en Cuba existe un ente revolucionario y progresista es la oposición y la prensa independiente.
Los periodistas sin mandato somos los que, sin afeites ni consignas políticas, contamos los problemas del transporte, la escasez de alimentos, las penurias de los jubilados, las aspiraciones de la población.
Nada se nos escapa. En los blogs y sitios alternativos es donde se pueden leer las historias de los que no tienen voz, sea un anciano, una jinetera, una familia sin recursos, una comunidad vulnerable o una trama de corrupción.
En silencio y sin reconocimiento, seguimos escribiendo. Pareciera que nadie nos escucha. Pero los gobernantes toman nota. La mayoría de las peticiones, sugerencias o denuncias no las aceptan, temen perder poder. Son precisamente las fuerzas antagónicas las que el régimen tiene como referencia para conocer el estado de opinión en las calles.
Los amanuenses estatales difunden las directivas que vienen de arriba. Forman parte del coro amaestrado que aplaude a un régimen que más tarde o más temprano no tendrá más opción que iniciar una apertura democrática.
IVÁN GARCÍA, LA HABANA - ENERO 2019
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