Mario Alberto Tagle y Babé le envió un informe a Fidel castro el 26 de julio de 1979 en el que denunciaba que la Fiscalía General de la República no cumplía con su tarea fundamental de vigilar el respeto a la legalidad socialista: “Se cometen violaciones de la legalidad socialista, incluyendo detenciones y registros ilegales, que atentan contra las garantías constitucionales de los ciudadanos”. El Doctor en Derecho, compañero de Fidel Castro en la Universidad de La Habana, fue Jefe de la Dirección de Control de la Legalidad en la Fiscalía General de la República. Le decía entonces por escrito al Comandante que “en mi condición actual de fiscal, me siento obligado a informar a usted con toda lealtad revolucionaria” y consideraba que “la falta de respeto a la legalidad socialista entre los obligados a exigir su más estricto cumplimiento, tiene como consecuencia la pérdida de la confianza del pueblo en nuestras disposiciones legales y órganos judiciales”. “Los que exigimos el cumplimiento de la legalidad socialista -se lamentaba- somos considerados idealistas e intransigentes”.
No hubo respuesta para el primer informe de Mario Alberto Tagle y Babé. Insistió con una nueva reclamación, el 9 de abril de 1985, también por escrito y de nuevo dirigida a Fidel Castro, denunciando “la insuficiente preparación política y jurídica de los jueces” y que el trabajo de los tribunales “se mide cuantitativamente por juicios celebrados y sentencias sancionadoras, lo que produce sentencias infundadas e injustas, en ocasiones ilegales”. La conclusión de su segundo informe era que “es imprescindible la modificación de las leyes penales vigentes”. Tampoco tuvo respuesta.
Crimen de Estado
El habanero Mario Alberto Tagle y Babé salió de Cuba en 1994 y se refugió en el exilio en Asturias, donde murió el 11 de febrero de 2018 cuando iba a cumplir 93 años. Ha dejado dos libros inéditos que personalmente me facilitó para mi conocimiento. Sus memorias se titulan Principio y fin de la Revolución Cubana y el segundo texto, El Caso Ochoa, está dedicado a lo que considera un crimen de Estado: el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, el 13 de julio de 1989, acusado de “un delito de narcotráfico configurante de traición a la patria”. Tagle y Babé trabajó con Ernesto Guevara en el Consejo de Dirección cuando el Che fue Ministro de Industrias. Cuenta en sus memorias que entonces Fidel Castro le llamaba el jinete del Che porque “en el argot de la época se le decía jinete a la persona de confianza, encargada de realizar las tareas que el dirigente ordenara”.
Hace treinta años fusilaron en Cuba al general Arnaldo Ochoa y al coronel Antonio de la Guardia. Fidel Castro reconoció que oficiales del Ministerio del Interior negociaron, sin su conocimiento, cargamentos de cocaína del Cartel de Medellín para facilitar su envío a Estados Unidos a través de Cuba. En el proceso incluyeron a Arnaldo Ochoa, el general con más prestigio de las Fuerzas Armadas de Cuba, sin que desde entonces se haya aclarado cuál fue realmente el motivo para su eliminación.
Incluso se especuló con la posibilidad de que Fidel considerara a Ochoa un peligroso general que podría amenazar su liderazgo, reclamando reformas bajo la inspiración de la perestroika. En el Consejo de Estado, cuando se aprobaron por unanimidad los fusilamientos, Fidel dijo que “Ochoa no quiso asumir toda la responsabilidad” y añadió que “en el momento en que se cuestiona el socialismo, nuestros tribunales han hecho una advertencia”. 1989 fue el año de la victoria electoral de Solidaridad en Polonia, la crisis de Tiananmén en China y la caída del Muro de Berlín, mientras Fidel Castro pronosticaba el desmerengamiento de la Unión Soviética.
Condena sin fundamento mediante acusaciones falsas en un procesamiento ilegal
La interpretación del procesamiento de los oficiales del Ministerio del Interior oscila entre dos extremos: Fidel demostraba su rechazo del narcotráfico fusilando a sus propios compañeros o Fidel sacrificaba a fieles colaboradores para desmontar la acusación de Estados Unidos de que era el Comandante el responsable de las operaciones de narcotráfico. El procesamiento por el narcotráfico se dividió en dos juicios, dejando para el segundo al general José Abrantes, Ministro del Interior, condenado con parte de su equipo a veinte años de prisión por negligencia al no haber detectado la circulación de la cocaína. Treinta años después de los fusilamientos permanecen sin respuesta las dos preguntas fundamentales. ¿Era posible organizar operaciones de narcotráfico a través de Cuba sin la autorización de Fidel Castro? ¿Podía arriesgarse el Comandante en operaciones de narcotráfico que Estados Unidos detectaría con facilidad y que le daban a Washington el argumento definitivo para atacar a la isla?
Mario Alberto Tagle y Babé explica en sus memorias que fue el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa la causa fundamental de su salida de Cuba. En su segundo libro inédito realiza un muy detallado y documentado estudio técnico y jurídico sobre el procesamiento y ejecución de Ochoa, llegando a la conclusión de que fue un crimen de Estado, “decidido por Fidel Castro para desvincularse del narcotráfico”. Asegura que el procesamiento fue ilegal y las acusaciones falsas. Resumo a continuación sus argumentos que en el libro inédito ocupan 400 páginas.
En el juicio no se probó la supuesta participación de Ochoa en operaciones de narcotráfico. El Tribunal Militar Especial, que no existía en la legislación cubana, era ilegal. El procedimiento sumarísimo fue una gravísima violación de la legalidad socialista. La pena máxima que el Código Penal establecía por delitos de narcotráfico era de veinte años de prisión. El “delito de narcotráfico configurante de traición a la patria” fue un invento ilegal de la fiscalía pero, incluso con esa acusación, no se podía imponer la pena de muerte porque “en el Código Penal no se definía ese delito ni se fijaban las sanciones”.
Mario Alberto Tagle y Babé intervino en el segundo juicio porque le nombraron abogado defensor de uno de los colaboradores del Ministro del Interior: “Cuando concluían las sesiones, Fidel venía a convencernos de que Abrantes no había participado en el narcotráfico. Para mí quedó más que probado que Abrantes, desde su cargo de Ministro del Interior, estaba totalmente vinculado a las operaciones de narcotráfico. Y, teniendo en cuenta su estrecha vinculación, se hace muy difícil aceptar que Fidel no lo supiera”.
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