En estos días no es necesario ser disidente para ser arrestado en Cuba. Usar una bandera cubana o jugar en una intranet con tus amigos puede meterte en problemas con las autoridades.
Usuarios de SNET, una red inalámbrica creada en la isla por entusiastas de los videojuegos, han denunciado en las redes sociales cómo la seguridad del estado los ha amenazado para acallar sus protestas por la ilegalización de la red, a través del nuevo decreto 370 que autoriza solo redes privadas de menor alcance que la SNET.
“Ayer [15 de agosto] a las 11:45 pm vino la seguridad del estado a mi casa”, publicó en Twitter Ernesto de Armas, uno de los miembros de SNET. “Me llevaron en una patrulla. Me amenazaron, me acusaron falsamente de cosas, incluso me amenazaron con la cárcel. Estoy muy triste de que esto suceda solo por defender SNET en mi país. Yo no hago daño a nadie”.
Los miembros de la red crearon reglas estrictas para prohibir la circulación de material político o pornográfico, lo que hubiera atraído la atención de las autoridades, pero aún así, el gobierno decidió ilegalizar la red.
Después de la advertencia de la seguridad del estado, Armas dijo que abandonaba la red por temor a represalias contra su familia. También comunicó en las redes sociales que no participaría en una protesta convocada por los organizadores para el sábado 17 de agosto frente al Ministerio de Comunicaciones y que nunca llegó a ocurrir tras las amenazas de la seguridad del estado a varios miembros de la red.
Agentes de la policía política también impidieron que periodistas independientes pudieran cubrir la protesta.
“Desde ayer en la noche comenzaron las llamadas”, denunció en Twitter Abraham Jiménez Enoa, editor de la revista El Estornudo. “Siguieron bien temprano hoy. Hace media hora iba a intentar salir de casa y dos agentes de la Seguridad del Estado me lo impidieron. Dicen que no puedo salir hoy de mi domicilio. Que si lo hago me llevarán preso. Siguen de guardia”.
En los últimos meses, la represión se ha sentido particularmente entre los periodistas independientes que colaboran con medios no estatales o radicados en el extranjero, como parte de una ola represiva más amplia que ha incluido también a artistas y académicos y que en muchos casos se ha escudado en nuevas regulaciones y decretos aprobados recientemente.
El gobierno ha utilizado estos decretos para cerrar espacios que habían abierto lentamente en la sociedad civil cubana, alrededor de los cuales se habían creado comunidades (de usuarios de videojuegos o LBGTI, por ejemplo), medios periodísticos y proyectos artísticos independientes.
“La represión más dramática se ha sentido desde inicios de este año”, dijo Maykel González Vivero, director del sitio independiente Tremenda Nota, que se encuentra de visita en Estados Unidos. “Con la expansión del internet, cada vez hay más síntomas de empoderamiento de la sociedad civil. La policía política, los funcionarios del gobierno y los burócratas del Partido Comunista han llegado a sentir que la situación se les está yendo de las manos.”
“La represión tiene que ver con una posición de debilidad”, agregó.
Uno de los ejemplos más extremos de esa represión es la condena a Roberto Quiñones, periodista del sitio de noticias Cubanet, basado en Miami. Quiñones fue sentenciado recientemente a un año de cárcel por desobediencia y resistencia a las autoridades. El periodista había sido arrestado en abril, cuando intentaba cubrir el juicio de una pareja evangélica que fue encarcelada por intentar educar a sus hijos en su casa, una práctica conocida en Estados Unidos como home schooling y que, de extenderse, pondría en jaque el sistema educativo estatal cubano.
El miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la persecución a Quiñones en un comunicado en el que lamentó que su encarcelamiento es “solo un ejemplo más de la violación continua de los derechos humanos por parte del régimen cubano”.
El gobierno cubano atraviesa por una coyuntura difícil, en la que se unen nuevas sanciones de Estados Unidos y el aislamiento político y económico del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, su principal aliado. Como resultado, la economía cubana atraviesa uno de sus peores momentos desde la crisis en los años 90 del siglo pasado, conocida como Período Especial.
Nuevas cifras oficiales revelan que el país se ha endeudado rápidamente y que la economía ha sufrido por el peso de las sanciones, la disminución de los envíos de petróleo de Venezuela y el paso de huracanes. Raúl Castro, ahora al frente del Partido Comunista, advirtió a los cubanos que debían prepararse para más escasez.
A esto hay que añadirle la vulnerabilidad política que implica el traspaso de poder, si bien controlado, de manos de Castro a Miguel Díaz-Canel, quien lo sustituyó al frente del gobierno en abril del 2018. Una señal de esa debilidad fue la aprobación en febrero de una nueva Constitución con un margen inédito de votos en contra, anulaciones o abstenciones.
“No tienen a un líder carismático”, dijo González Vivero. “Díaz-Canel representa a una nueva generación que no puede apelar a la historia para legitimarse. Intentaron renovar la Constitución e implementar leyes para regular zonas donde habían crecido grupos [de la sociedad civil], pero si esto no funciona, están dispuestos a cerrar todos los espacios y apelar a la represión si es necesario”.
Las autoridades está particularmente interesadas en no perder el control del espacio público. “Yo fui arrestado tres veces, y todas tienen algo en común: Estaba haciendo cobertura in situ de eventos”, dijo González Vivero.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara también probó la determinación del gobierno de evitar cualquier manifestación pública y terminó detenido la semana pasada, acusado de “provocación” y “desorden público” tras salir a la calle cubierto con una bandera cubana, como parte de una performance.
Otero Alcántara dijo que quería cuestionar nociones de identidad y desmitificar el uso de la bandera, recientemente regulado por una nueva ley de “símbolos nacionales”.
“Sabía que iba a terminar preso”, comentó a el Nuevo Herald desde La Habana. “Ando con la bandera 24 por 24 [horas] como una segunda piel.”
El arresto de Otero Alcántara, sin embargo, dio pie a que él y otros artistas lanzaran el “reto de la bandera” en las redes sociales. Cientos de cubanos comenzaron a publicar sus fotos cubiertos en una bandera.
El caso de Otero Alcántara ilustra uno de los mayores retos que enfrenta el gobierno de Díaz-Canel, quien personalmente abogó por la expansión del acceso a internet en el país.
Con el servicio de internet en los celulares, que comenzó a fines del año pasado, el gobierno ha tenido que enfrentar por primera vez el poder de las redes sociales, adonde los cubanos han acudido para hacer críticas a los funcionarios, denunciar violaciones de sus derechos pero también a organizarse. Una marcha en abril por los derechos de los animales y otra en mayo por los derechos de la comunidad LGBTI se organizaron en gran medida a través de las redes.
Además de arrestos y amenazas, la seguridad del estado ha reaccionado aplicando contra artistas, académicos y periodistas estrategias ya ensayadas para contrarrestar a los opositores, como por ejemplo las prohibiciones de viaje.
“Las autoridades de inmigración me han impedido viajar a Argentina porque dicen que tengo ‘una prohibición de salida’”, escribió el domingo en Twitter Luz Escobar, periodista del sitio independiente de noticias 14ymedio. “Hace tres meses, me impidieron también un viaje a USA con la misma razón. Como en aquella oportunidad tampoco me supieron decir las causas”.
Un día antes, el sábado, las autoridades habían advertido a Escobar que no saliera de su casa a cubrir la protesta pacífica convocada por los miembros de la SNET.
Omara Ruiz Urquiola, hermana del biólogo Ariel Ruiz Urquiola visita Estados Unidos con una visa humanitaria con el fin de recibir asistencia médica. por Pedro Portal
Cuando no han podido recurrir a regulaciones, el gobierno ha utilizado argumentos ideológicos, como en el caso del despido de la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, hermana del biólogo y activista Ariel Ruiz Urquiola, quien fue condenado por “desacato” a un año de prisión en mayo del 2018. El científico fue liberado dos meses después, tras una huelga de hambre, pero el acoso a su familia no se ha detenido.
Ruiz Urquiola, que padece de cáncer, fue expulsada a fines de julio de su empleo en el Instituto Superior de Diseño de La Habana, tras un supuesto reacomodo de la plantilla. Pero Ruiz Urquiola dijo a el Nuevo Herald que ella cumplía todos los requisitos para mantenerse en su empleo, aún si sus horarios se vieran reducidos por el ajuste.
El despido “es una represalia por la postura que he mantenido”, dijo en una llamada telefónica desde la isla. “No participo en sus arengas políticas, saben cuál es mi posicionamiento.”
La profesora dijo que temía que en represalia, el gobierno no le suministrara los medicamentos que necesita para su tratamiento, lo que ya ocurrió en otra ocasión. “El arma que tienen contra mí es mi salud”.
Días después del despido de Ruiz Urquiola, la viceministra de Educación Superior, Martha del Carmen Mesa Valenciano, publicó un texto en el sitio oficial de esa institución en el que declaró los verdaderos motivos del despido, en una advertencia para el resto de los profesores universitarios:
“El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”.
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