En Cuba se fusiló, se masacró en sitios inimaginables, no solo en campamentos militares o lugares previamente designados para tan macabra acción.
Las ejecuciones tuvieron lugar en patios de escuelas, en curvas de carreteras, en parques, farallones de las sierras, en cementerios y patios de viviendas, en esa gestión fueron alumnos aventajados del nazismo y del estalinismo, los engendradores del totalitarismo cubano.
Matar para el régimen castrista fue una especie de acto de purificación porque la muerte de los otros le afianzaba en el poder, en consecuencia, cuando el pueblo cubano pueda acceder sin restricciones al conocimiento pleno de los trágicos sucesos con los que la dictadura dinástica de los hermanos Castro ha marcado al país, de seguro quedará profundamente conmovido ante el costo humano a la nación del experimento revolucionario.
Conmoción que tendrá que sumar a las ya acumuladas precarias condiciones de vida que padece, a la destrucción material del país y a los constantes fracasos de todos los proyectos gubernamentales, a pesar del gran esfuerzo realizado por el sector de la población que creyó fervientemente en las promesas del Caudillo.
No pocos “compañeros” participaron en las depredaciones de la dictadura, pero son escasos los que tienen una visión integral del pasado sangriento, ya que el control ejercido sobre la información ha sido muy estricto a la vez que ha estado fundamentado sistemáticamente en una campaña de intimidación de la que se requiere mucha entereza para sustraerse.
Esa puede ser una de las causas por las que más de un victimario cree ciegamente que los abusos fueron aislados y los crímenes inexistentes, tal y como muchos respetables ciudadanos alemanes negaron frenéticamente el Holocausto.
Los crímenes de sangre de la dictadura castrista se remontan a las numerosas ejecuciones realizadas en el período insurreccional en llanos y montañas, también, a los actos terroristas contra la población civil que ejecutaron los insurgentes, sin embargo, después del triunfo de la insurrección, cuando el país estaba presto para sembrar la paz y cosecharla abundantemente, la nación se introdujo en una vorágine de asesinatos masivos, apuntalados en ejecuciones sumarias individuales, razón por la cual los ex presos políticos Miguel Guevara y Santiago Díaz Bouza escribieron un libro que titularon “La Muerte se viste de verde”, ya que aquellos horrendo asesinatos colectivos se apuntalaban en ejecuciones individuales, encierros de miles de personas además del desplazamiento forzoso de campesinos.
El primer asesinato en masa del nuevo régimen ocurrió en la madrugada del 11 de enero de 1959. Raúl Castro ordenó la ejecución de 71 personas acusadas de haber cometido crímenes durante su asociación al depuesto régimen de Fulgencio Batista. La orden fue cumplida. Varias excavadoras abrieron una zanja, los hombres fueron parados ante la misma y asesinados despiadadamente. Después, la tumba colectiva fue cubierta con tierras por las misma máquinas que la habían abierto.
Dos años después, en abril de 1961, fueron fusilados en el Panteón Nacional de La Cabaña ocho patriotas, una cifra superior al promedio diario de los hombres que allí eran ejecutados.
En 1962, según diferentes fuentes, entre decenas y centenares de cubanos fueron fusilados como consecuencia de los arrestos de los complotados en la fracasada conspiración cívico-militar de agosto de ese año.
En junio de 1963, los fusilamientos eran prácticamente diarios, y 21 hombres fueron ametrallados frente a una loma de hierba y tierra en la Ceiba, montañas del Escambray. Llevaban casi tres años presos sin juicio.
En 1964 la Fortaleza de La Cabaña fue sede de otro fusilamiento en masa. Catorce guerrilleros, algunos llevaban más de cuatro años alzados en armas, fueron capturados gracias a una hábil maniobra de la seguridad del estado castrista y a la traición de uno de los colaboradores de los insurgentes, el tristemente famoso Alberto Delgado y Delgado.
La ejecución de 1964, al parecer, fue la última masacre ante el paredón, aunque los crímenes de grandes grupos continuaron como se puede apreciar en el asesinato de más de 50 personas al hundir la embarcación XX Aniversario en el río Canímar, en 1980, y posteriormente los 41 asesinados, entre ellos 10 niños, embarcados en el Remolcador Trece de Marzo el 13 de julio de 1994.
El Costo Humano de las Restricciones de Estados Unidos y Cuba para Viajar
Durante las últimas cuatro décadas, cientos de miles de personas han salido de Cuba, muchas de ellas en busca del disfrute de los derechos fundamentales que les negaba el gobierno de Fidel Castro, como los derechos a la libertad de expresión, asociación y asamblea. Sin embargo, su capacidad para perseguir el ejercicio de estas libertades en el extranjero se ha visto restringida por la negativa de Cuba del ejercicio de otro derecho fundamental—el derecho a la libertad de circulación.
Cuba se niega con frecuencia a conceder permiso a sus ciudadanos para salir del país y suele negar permiso para regresar a algunos que han salido. Estas restricciones han llevado a la separación involuntaria de muchas familias cubanas, violando de esta manera, el derecho de los niños a estar con sus padres.
El daño emocional para los familiares es incalculable. Un médico cubano que vive en Brasil, por ejemplo, nunca ha podido conocer a su hijo de seis años. Su ex esposa y su hijo están en Cuba, pero en vista de que violó las restricciones para viajar negándose a regresar en 2000 de un viaje autorizado, el gobierno le ha prohibido visitar el país para ver a su hijo. Una madre cubana que vive en México y que estuvo separada de sus hijos durante tres años en circunstancias similares dijo a Human Rights Watch que sentía como si el gobierno cubano hubiera “arrancado una parte de mi vida”.
Sin embargo, Cuba no es el único país que impone restricciones para viajar que dividen a familias. Durante las últimas cuatro décadas, Estados Unidos se ha servido del terrible historial de Cuba en materia de derechos humanos para justificar un embargo económico destinado a sacar del poder a Fidel Castro. Esta política no sólo no ha logrado llevar la democracia a la isla, sino que ha ofrecido a Castro una justificación conveniente para las prácticas represivas de su gobierno. Recientemente, en lugar de abandonar o modificar el embargo, el gobierno de George W. Bush ha intentado fortalecerlo mediante restricciones para viajar las cuales, al igual que las políticas de Fidel Castro, menoscaban el derecho de los cubanos a la libertad de circulación.
Como parte de una prohibición más amplia de los viajes a Cuba, en 2004, el gobierno de Bush impuso límites estrictos sobre los viajes por motivos familiares. De acuerdo con las nuevas reglas, sólo se puede visitar a familiares en Cuba una vez cada tres años y sólo si estos familiares encajan dentro de la estricta interpretación oficial de “familia”.
Al igual que las reglas sobre viajes impuestas por Cuba, estas nuevas restricciones han tenido un profundo impacto sobre muchas familias cubanas. Una mujer cubanoamericana de Miami se vio obligada a suspender sus visitas frecuentes para atender a su padre enfermo—un viudo en estado avanzado de Alzheimer y sin familiares cercanos en Cuba—y no pudo ayudarle ni reconfortarle cuando cayó en una depresión, dejó de comer y finalmente murió. Un sargento del ejército de Estados Unidos, al que le negaron la autorización para visitar a sus dos hijos en Cuba durante un permiso de dos semanas del servicio activo en Irak, se vio forzado a regresar al frente sintiendo que no había podido “cumplir [su] obligación como padre”.
Las restricciones para viajar impuestas por Cuba y Estados Unidos van en contra del principio de derechos humanos de que todas las personas tienen derecho a regresar a su propio país. Este principio de Derecho internacional, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se aplica en este caso no sólo a los ciudadanos cubanos, sino también a los cubanoamericanos que tienen lazos tan estrechos con Cuba que no pueden simplemente ser considerados extranjeros. Al negar el permiso de salida a algunos de sus ciudadanos, la política sobre viajes de Cuba también viola su derecho a salir del país. Y en el caso de los niños separados de sus padres por las restricciones para viajar, las políticas de ambos países vulneran su derecho a la unidad familiar consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Human Rights Watch realizó entrevistas con más de 50 cubanos y cubanoamericanos cuyas familias han tenido que soportar la separación provocada por las restricciones impuestas por Cuba, Estados Unidos, o ambos países. Estos casos ilustran el profundo dolor que la separación prolongada causa en las familias —desde la aflicción de los niños forzados a crecer sin ver a sus padres hasta la angustia de los adultos que no pueden despedirse de los seres queridos que están muriendo.
Los casos también demuestran porqué la libertad de circulación es un derecho fundamental para las personas que se enfrentan a regímenes represivos, así como para los emigrantes que intentan mantener sus lazos familiares en el país que han dejado atrás.
Las restricciones de Cuba sobre los viajes
El gobierno cubano prohíbe a sus ciudadanos salir o regresar a Cuba sin antes haber obtenido una autorización oficial. Los viajes no autorizados pueden acarrear un enjuiciamiento penal.
Cuba niega permisos de salida a cientos, posiblemente miles, de personas cada año. Una gran parte de los cubanos a los que se niega los permisos de viaje son profesionales de la salud, a quienes se les alega que la “Resolución 54” del Ministerio de Salud Pública exige a los profesionales de la salud que soliciten permisos de salida un plazo de espera de tres a cinco años antes de estudiar su solicitud.
Cuba justifica la restricción de los permisos de viaje para profesionales de la salud como una medida para evitar la “fuga de cerebros”. Argumenta que los profesionales calificados que han recibido educación por parte del Estado cubano tienen la obligación de servir al pueblo cubano. Sin embargo, no sólo aplica esta política a los recién graduados de las facultades de medicina, sino también a los médicos veteranos, incluyendo una neuróloga de 62 años que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del avanzado programa de neurociencia de Cuba. El gobierno cubano lleva más de una década negándole el permiso a esta destacada doctora para visitar a su hijo y sus nietos en Argentina alegando que su cerebro “es patrimonio del Estado cubano”, por lo cual debe permanecer en la isla; a pesar de que renunció a su puesto en 1994.
Asimismo, Cuba niega regularmente los permisos a los familiares de los que denomina “desertores”, es decir, personas que salieron del país sin permiso o se negaron a regresar al final de un viaje autorizado. También le niega a estos “desertores” el permiso para regresar a Cuba, separándoles así completamente de sus familiares que permanecen en la isla.
La separación forzada resultante de estas restricciones para viajar puede ser devastadora para las familias. Una madre cubana que vive en Alemania dijo que, cuando el gobierno cubano le negó el permiso de salida a su hijo, fue como “sentenciar a mi hijo a vivir como un huérfano con padres vivos”. Otro padre describió el dolor que supuso la separación de su hija durante diez años: “Cada vez que servíamos un plato de comida y sabíamos que nuestra hija estaba lejos y no a nuestro lado era muy duro… Esas heridas nunca se cierran”.
Además de la angustia emocional de la separación, los intentos de eludir las restricciones pueden resultar muy costosos, ya sean los graves peligros a los que se enfrentan los que huyen del país adentrándose en ultramar o los exorbitantes sobornos que hay que pagar a funcionarios corruptos para obtener permisos de viaje.
Teniendo en cuenta estas posibilidades, y el miedo de la separación prolongada de la familia, el control de Cuba sobre los viajes ofrece a las autoridades un instrumento poderoso de control de lo que los ciudadanos dicen del gobierno cubano. Un activista de derechos humanos cubano al que le han negado el permiso para visitar a su familia en Florida, describió la política sobre viajes como un “arma de disuasión usada para intimidar, reprimir y controlar varios tipos de actividades”. Asimismo, la destacada neuróloga a quien le han negado el permiso de salida describió la restricción sobre los viajes como “una forma de chantaje psicológico” que disuade a las personas de criticar al gobierno. “Creen que callándose y complaciendo al gobierno puede que un día el gobierno les dé permiso”, agregó.
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