La lucha por la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Nepal ha vuelto a poner al país del Himalaya como el referente al que aspira todo el colectivo LGTBI del Sur de Asia. En países como Bangladesh puede conllevar morir a machetazos, mientras que en otros, como Afganistán, el mero hecho de ser homosexual puede ser castigado a latigazos.
Sunita Lama y Laxmi se conocieron en una parada de autobús de Katmandú hace 10 años, se enamoraron y ahora viven juntas, y aunque les gustaría casarse, la legislación nepalí aún no lo permite, a pesar de ser el país más progresista del Sur de Asia para Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI).
"La familia de Laxmi aún no ha respaldado nuestra relación. Todavía cree que es un pecado casar a dos mujeres", relata a Efe Lama, de 44 años, que prefirió no dar el nombre real de su compañera, y que espera que el Gobierno dé al fin el paso de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El pasado 1 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal volvía a reivindicar esa necesidad, reclamando al Gobierno que legalice el matrimonio igualitario y que apruebe leyes que protejan al colectivo de la discriminación.
Tras admitir públicamente que es lesbiana, Lama, como otras mujeres de este colectivo, ha visto las puertas laborales cerradas en empresas públicas y privadas, lo que le ha abocado a ejercer la prostitución, explica la presidenta de la ONG LGTBI Blue Diamond, Pinky Gurung.
En la vecina India, donde en septiembre se cumplirán dos años de la despenalización de las relaciones homosexuales por el Tribunal Supremo, la prioridad del activismo LGTBI es la visibilidad y la normalización social, sin renunciar a derechos como el matrimonio.
"Por supuesto que necesitamos el derecho a casarnos y otros, pero la sociedad india, especialmente en las zonas rurales, todavía es muy conservadora y ve la homosexualidad como algo negativo", explica Anjali Gopalan, activista de la ONG Naz Foundation, que promovió la acción legal que logró la despenalización.
"Tenemos que ser visibles porque la sociedad tiene que saber que existimos y esa visibilidad hará a la sociedad más tolerante", continuó.
Mientras los avances se empiezan a percibir en países como Nepal y la India, en Afganistán la comunidad LGTBI es invisible.
"Realmente no sabemos sobre ellos, dónde viven, bajo qué circunstancias y a qué problemas se enfrentan en Afganistán", reconoce el portavoz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC), Zabihullah Farhang.
Miren donde miren, nada les invita a salir de ese armario de acero, con el Ministerio de Justicia afgano asegurando por un lado que la homosexualidad es un "delito moral", y los talibanes, por otros, cuya única duda es cómo castigarlos.
"Afganistán es un país islámico, aquí todas las leyes han de ser islámicas (y la homosexualidad) es la acción más detestable y abominable y no puede ser justificada bajo ningún pretexto", asegura a Efe el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid.
En el régimen talibán, un juez decidirá si golpea al "criminal" con un látigo, lo lapida o debe ser lanzado por un barranco.
El islamismo radical también está presente en Bangladesh, donde el activismo puede costar la muerte, como le sucedió en 2016 al fundador de Roopban, la única revista LGTBI en el país, que fue asesinado a machetazos junto a su pareja en su casa de Dacca.
Una presión que no llega solo de los islamistas, sino también de la Policía.
En Bangladesh la homosexualidad está tipificada como delito por el artículo 377 del Código Penal -impuesto durante la colonización británica-, con penas de entre dos y diez años de prisión.
Aunque se derogó en la India, el artículo 377 continúa vigente también en otras excolonias británicas como Pakistán y Sri Lanka, pero en este último bajo otra numeración.
"Hubo una oportunidad en la India, pero en nuestro país no. No ha habido ningún movimiento en contra de esa ley", explica el abogado del Tribunal Supremo de Bangladesh Jotirmoy Burua.
En Sri Lanka, ese artículo fue ampliado en 1995 para penalizar también las relaciones homosexuales entre mujeres.
"Cualquiera que se exprese en contra de la discriminación de las personas LGTBI (en Sri Lanka) es etiquetado a menudo como traidor a la nación, de estar alineado con los valores occidentales", añade la activista Waradas Thiyagaraja.
La oposición en la isla a esta comunidad es general entre los radicales religiosos, detalla, sean monjes budistas, o los segmentos conservadores de las minorías musulmana, hindú o cristiana.
Fundamentalismo y bikinis
El fundamentalismo religioso es también una amenaza en el idílico archipiélago de las Maldivas, donde no muy lejos de los complejos hoteleros con alcohol y biquinis, hay un territorio que se rige por la ley islámica, con penas de prisión y latigazos.
"Las experiencias de las personas LGTBI en las Maldivas son similares a las de las sociedades religiosamente conservadoras. Se enfrentan al estigma, el abuso, el aislamiento y la violencia", cuenta el activista Musafar Mohamed Naeem, que ha solicitado asilo en Canadá tras haber recibido numerosas amenazas de muerte.
El último ejemplo de esta presión ocurrió el pasado 25 de junio, cuando una pareja gay fue arrestada al viralizarse un vídeo íntimo.
En otra nación islámica como Pakistán, no es ni siquiera legal emplear las siglas LGTBI para inscribir organizaciones, como la dedicada al VIH Naz, donde Qasim Iqbal hace activismo LGTBI de forma clandestina. El acoso policial llega en forma de extorsión.
Para las lesbianas la presión es aún mayor. "Las mujeres son vigiladas no sólo por sus familias, sino por el taxista, por el profesor, por todos. Esto les complica ver a otras mujeres", afirma Iqbal.
En este panorama de total oposición, la creencia de que "nadie pueda cambiar" a los transexuales les deja en una situación de semiaceptación, aunque la discriminación los aboca a la mendicidad, el baile o la prostitución.
Pakistán reconoció la existencia del tercer sexo para los documentos oficiales en 2009 -una situación similar a la que existe en Nepal y la India- y en 2018 aprobó una legislación para apoyar a los transexuales, aunque la realidad dista de la normativa.
"Unos pocos son los que violan a las personas transgénero, les cortan el pelo, las secuestran... La mayoría de los miembros de nuestra comunidad se han enfrentado a esas atrocidades", relata Paro, vicepresidenta de una agrupación de transexuales.
Este trato diferenciado a la diversidad de género respecto a la sexual tiene raíces históricas y culturales, explicó Cristóbal Alvear, profesor español de Derecho Comparado que estudia la situación legal del colectivo LGTBI en el subcontinente indio.
"La falta de tolerancia hacia (los transexuales) y su exclusión viene de la época colonial, porque los británicos consideraban a las hijras y transgénero como parte de castas criminales, mientras que en la época anterior, tanto en los reinos hindúes como en la corte mogol (musulmana) tenían un papel fundamental", concluye.
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