En una región donde los expertos estiman que la esperanza de vida de las mujeres transgénero es de solo 30 a 35 años, Vicky Hernández no fue tan afortunada.
Hernández tenía 26 años cuando fue encontrada con un disparo en el ojo en una calle de Honduras, al lado de su cuerpo había una bala de calibre desconocido y un condón usado.
Doce años después, los investigadores aún no han realizado exámenes forenses sobre esas pruebas. Aún no está claro si las autoridades llegaron a realizar una autopsia. Y otras dos mujeres transgénero que informaron haber presenciado cómo una patrulla de la policía se acercó a Hernández justo antes de que ella se escapara y desapareciera, fueron asesinadas un año después de su muerte.
Sin embargo, es posible que su caso haga historia desde el punto de vista legal porque un tribunal regional de derechos humanos delibera si el gobierno hondureño fue responsable de la muerte de Hernández y le debe reparaciones a sus familiares.
Es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará sobre si los gobiernos han hecho lo suficiente para proteger a las personas transgénero. El caso de Hernández muestra un patrón de abusos contra las personas vulnerables en Honduras, y está siendo observado con atención en una región donde muchos países siguen siendo hostiles con las personas transgénero.
La corte, con sede en Costa Rica, podría ordenarle al gobierno hondureño que promulgue medidas destinadas a prevenir la violencia contra las personas transgénero, sentando un precedente legal en la región.
El asesinato de Hernández en San Pedro Sula fue uno de los primeros casos en medio de una explosión de asesinatos de mujeres transgénero que sucedió en Honduras durante la época del golpe de Estado ejecutado en junio de 2009 y que terminó sacando de la cama al presidente del país, quien se tuvo que marchar al exilio.
A la mañana siguiente, Hernández, una trabajadora sexual, fue encontrada muerta después de una noche en la que, debido a un estricto toque de queda, se suponía que nadie más que las autoridades policiales y militares deambulaban por las calles.
Ese momento se considera crítico, porque sugiere que lo que normalmente podría descartarse como una muerte más en una de las ciudades más peligrosas de uno de los países más peligrosos del mundo podría haber sido algo más: un asesinato extrajudicial. El gobierno ha negado que sus fuerzas de seguridad hayan jugado algún papel pero, para muchos, las circunstancias levantaron fuertes sospechas de que quien sea que estuviera relacionado con la muerte de Hernández era un uniformado.
Activistas han denunciado durante mucho tiempo la ola de violaciones de derechos humanos que siguió al golpe de 2009 y culparon a quienes tomaron el poder por lo que consideraron asesinatos selectivos. Y Hernández era una activista para las mujeres trans que ya antes había sido atacada de forma violenta.
“El golpe desató nuevos niveles de violencia, violencia letal”, dijo Angelita Baeyens, vicepresidenta de defensa y litigio internacional en Robert F. Kennedy Human Rights, una organización con sede en Washington, que presentó la demanda.
Esa organización, así como un grupo hondureño de derechos humanos llamado Cattrachas, llevaron al gobierno de Honduras a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una rama de la Organización de los Estados Americanos. Se celebró un juicio virtual en noviembre y se espera que pronto se produzca un fallo.
Baeyens dijo que la corte podría hacer mucho más que simplemente analizar el caso de Hernández. También podría tomar medidas como ordenar el reconocimiento legal de los nuevos nombres de las personas transgénero y exigir a los gobiernos que permitan cambios en las tarjetas de identificación oficial, algo que los gobiernos de la región a menudo se niegan a hacer. El tribunal también podría pedir la eliminación de las leyes que permiten a la policía detener a sospechosos por motivos dudosos.
Las mujeres transgénero en Honduras dicen que son acosadas de manera constante, golpeadas e incluso asesinadas y que, con frecuencia, la violencia es perpetrada por las fuerzas del orden.
“Lo llaman limpieza social”, dijo Claudia Spellmant, una activista transgénero que huyó del país en 2013 después de sufrir repetidos ataques y ahora vive en Nueva York. “No quieren ver a las personas trans en la calle”.
Con pocas oportunidades de empleo, muchas mujeres transgénero en Honduras —que son rechazadas por sus familias, la iglesia y la sociedad en general— se dedican a la prostitución. Todas las noches salen a las calles, donde están expuestas a los agentes de policía corruptos y clientes violentos, dicen los activistas y las trabajadoras sexuales actuales y retiradas.
Krishna Flores, de 24 años, trabajadora sexual transgénero en Tegucigalpa, la capital, dijo que este año ya ha sido agredida dos veces. Los agentes de policía le cortaron el pelo, le quemaron el maquillaje y el bolso y le lanzaron gases lacrimógenos. Finalmente, dijo, corrió a refugiarse en la casa de una persona que no conocía, en busca de seguridad.
“La verdad”, dijo Flores, “aquí en Honduras, donde estamos, hay mucha violencia contra las personas trans. Desde la policía, o gente que busca relacionarse con nosotros, gente que no quiere pagarnos. Y, a veces, son militares. Nos gritan cosas horribles”.
Flores dijo que es normal que le arrojen piedras, bolsas de agua, trapos y huevos desde los automóviles en movimiento. Le dicen que es una vergüenza para la sociedad. En enero, los agentes le arrancaron las extensiones de cabello y le afeitaron la cabeza.
Una abogada del gobierno dijo que, aunque resulta claro que las fuertes creencias religiosas (el 85 por ciento de la población de Honduras es católica o evangélica) fomentan la discriminación contra las personas transgénero, Honduras “rechaza categóricamente” la idea de que Hernández fue asesinada por oficiales de policía o soldados.
Los abogados de la familia de Hernández están pidiendo una compensación económica para su familia y cambios estructurales en la policía hondureña.
Si el tribunal falla en contra del gobierno, cualquier reparación debe tomar en cuenta la falta de pruebas que vinculen a las fuerzas de seguridad con la muerte de Hernández, dijo Sonia A. Escobar Rodríguez, la abogada que representa al gobierno hondureño en el caso, en un resumen de sus argumentos que compartió con The New York Times.
“No existe evidencia alguna, ni se puede inferir racionalmente, que la muerte de Vicky Hernández haya sido cometida por miembros de las fuerzas del orden público por el solo hecho de encontrarse patrullajes para evitar que ocurriesen desórdenes y tragedias que lamentar”, escribió Escobar, quien trabaja en el Ministerio Público de Honduras.
El resumen de Escobar dice que el gobierno ha logrado avances significativos en la seguridad pública, como la mejora del sistema de denuncias penales y el fortalecimiento del poder judicial. Dijo que también se ha brindado capacitación para sensibilizar a decenas de trabajadores del gobierno. Y afirma que la violencia motivada por la orientación sexual o la identidad de género es un factor agravante en las sentencias.
Rosa Seaman, vicesecretaria de Derechos Humanos de Honduras, dijo que el gobierno creó una unidad especial de investigación para los delitos contra las personas vulnerables, incluidas las personas gays y transgénero.
Pero admitió que la capacitación de los oficiales de policía ha tenido resultados variables.
“Algunos reaccionan bien”, dijo Seaman. “Pero quiero ser franca y honesta: otros tienen muchos prejuicios, especialmente cuando les digo que tienen que respetar la identidad de género. Las mujeres trans son las más discriminadas y con mayor frecuencia son víctimas de delitos y pierden la vida”.
Víctor Madrigal-Borloz, experto en discriminación por identidad de género para las Naciones Unidas, dijo que incluso en el contexto de la “violencia preocupante” en Honduras, el crimen contra las personas transgénero fue “exacerbado” y desproporcionado.
“El caso de Vicky Hernández se convertirá en un hito extremadamente importante”, dijo, y agregó que ayudará a las personas a reconocer que “las mujeres trans viven sus vidas en un vórtice de discriminación y violencia”.
Cattrachas, la organización que ayudó a formular la demanda de Vicky Hernández, ha registrado 119 asesinatos de personas transgénero desde el golpe de 2009.
“Hay un patrón en todos estos casos: a todos les dispararon en la cabeza, no hubo autopsias ni investigaciones”, dijo Indyra Mendoza, fundadora de Cattrachas. “Y si bien es cierto que en Honduras también matan a maestros y taxistas, esos asesinatos no son el resultado de prejuicios religiosos y fundamentalismo. Y esos casos tienen alguna posibilidad de obtener justicia”.
Los datos recopilados por organizaciones de derechos humanos muestran que Honduras tiene la tasa más alta de asesinatos de personas transgénero y otras personas con diversidad de género en el mundo. Brasil y México le siguen de cerca.
Casi 500 mujeres transgénero fueron asesinadas en América Latina entre 2014 y 2019, según Sin Violencia LGBTI, una red de información regional.
En Brasil, el año pasado fueron asesinadas 175 mujeres transgénero, según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales. En 2021, 53 personas transgénero han sido asesinadas, según el grupo de defensa, y la víctima más joven solo tenía 13 años.
Eso ha hecho que la demanda de Vicky Hernández sea de gran interés para toda la región.
“Estamos observando muy de cerca cómo el resultado del caso podría impactar la situación en la región”, dijo Bruna Benevides, investigadora de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil, aunque expresó sus dudas acerca de la posibilidad de que el presidente conservador de su país, Jair Bolsonaro, acepte cualquier fallo que ayude a las personas transgénero.
Rihanna Ferrera, quien se postuló para un cargo en Honduras en 2017 con su nombre de nacimiento masculino, dijo que el caso era importante porque podría obligar al gobierno a realizar algunas mejoras tangibles, como permitir cambios legales de nombre. La hermana de Ferrera, Bessy, quien también era transgénero, fue asesinada en 2019.
“Después de lo que le pasó a mi hermana, decidí no irme y enfrentar esta discriminación, estigma, violencia y criminalización”, dijo. “No necesitamos sacar a la gente del peligro. Necesitamos confrontar al Estado y decirle al Estado: aquí estamos y estamos en peligro. No tenemos que irnos. Tú, como gobierno, tienes que resolver esto”.
Oscar Lopez colaboró con reportes desde Ciudad de México.
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