Ojalá no fuera necesario para ver clara la motivación discriminatoria de este tipo de agresiones homófobas que los energúmenos se lo dejen a la víctima por escrito

Por Marta García Aller

No fue una noche de fiesta. No fue en una pelea. No fue en un parque oscuro a medianoche. Fue una tarde de domingo en Malasaña. A las cinco de la tarde. En pleno centro de Madrid. Ocho encapuchados asaltaron a un chaval de 20 años cuando llegaba al portal de su casa, le tiraron al suelo y le cortaron el labio con un cúter mientras le insultaban. Y para que no quedase duda del porqué de la paliza, se lo dejaron tatuado. Por maricón. Esa fue la palabra que le rasgaron en el culo tras bajarle los pantalones. La policía investiga este ataque brutal como un presunto delito de odio. Los agresores han tenido tanto interés en dejar claro que se trata de una agresión homófoba que es fácil olvidarse de lo de presunto. No suele ser tan evidente. Y hasta que a una víctima no le mutilan el culo con un ‘maricón’ ensangrentado hay quien no lo termina de ver claro.

 

Para ver los delitos de odio hay que querer verlos. Maricón es un insulto muy común, dirían algunos si se hubieran limitado a gritárselo cuando le rajaban la cara. Hay que ver el contexto, alegarían otros. Pero a la víctima de Malasaña, para más señas, los odiadores se lo han dejado deletreado. Por maricón. Este mismo fin de semana, en un pueblo de Toledo, otro joven denunció que le habían dado una paliza después de que una chica le increpara diciéndole que iba perdiendo aceite. No son hechos aislados. Solo son los últimos que han trascendido de un problema que va en aumento. Aunque la mayoría de los delitos de odio se quedan sin denunciar si no hay lesiones graves o vídeos que hayan registrado el episodio.

 

En los seis primeros meses de 2021, Policía y Guardia Civil han recibido 610 denuncias, un 9,3% más que hace un año. Según el Ministerio de Interior, no solo aumenta el odio, también la cantidad de violencia con la que se ejerce. Las denuncias de agresiones LGBTI-fóbicas aumentaron de 169 en 2016 a 277 en 2020.

 

Matar de una paliza a un joven al grito de "maricón de mierda", como pasó con Samuel Luiz en A Coruña este verano, generó debate sobre si había o no una motivación de odio por su orientación sexual. Inicialmente, la policía ni siquiera lo investigó como tal. Llegó a alegarse que el padre de Samuel no sabía que su hijo era gay, como si esto tuviera alguna relevancia a la hora de juzgar la motivación de sus agresores, que aún se está investigando. Si muchos delitos de odio se dejan de denunciar, es porque no hay mucha expectativa de que se vaya a hacer justicia. Para atreverse a denunciar hace falta creerse que no será inútil y no temer represalias. Y la mayoría de víctimas de delitos de odio, según las organizaciones que los ayudan, temen ambas cosas.

 

La agravante discriminatoria es difícil que salga adelante en los juzgados porque seguimos arrastrando muchos clichés de cómo tienen que ser una víctima y un agresor para encajar en la idea de discriminación por orientación sexual. Es lo que Laia Serra, abogada penalista experta en discriminación y delitos de odio, llama “caso de laboratorio”. Esa idea errónea de que el agresor de este tipo de delitos siempre se presupone que es un joven forzudo de extrema derecha que sale de caza para agredir. Sin embargo, la homofobia puede vestirse de muchas formas. Sus víctimas, claro, también. La Policía aún no ha identificado a los ocho encapuchados que a media tarde del domingo asaltaron a un joven de Malasaña a la puerta de su casa. Su principal hipótesis es que se trata de un delito de odio. Ojalá no fuera necesario para ver clara la motivación discriminatoria de este tipo de agresiones homófobas que los energúmenos se lo dejen a la víctima por escrito.

 

EL CONFIDENCIAL