Los cubanos se están preparando para una nueva movilización el 15 de noviembre, cuatro meses después de que miles tomaron las calles del país el 11 de julio para protestar contra el gobierno.
Ese día, las imágenes de la gente protestando y los actos represivos de las autoridades contra los manifestantes pacíficos dieron la vuelta al mundo gracias a que muchos publicaron fotografías y videos a través de las redes sociales.
Se ha hecho un llamado para que el 15 de noviembre la población salga de nuevo a las calles en una Marcha Cívica organizada por el proyecto Archipiélago, para seguir reclamando responsabilidades por la grave crisis política, social y económica que vive el país y que se ha agravado con la pandemia.
Sin embargo, la mayoría es consciente de que las autoridades están haciendo lo posible para tratar de reprimir esta movilización con el bloqueo de redes sociales y otro tipo de comunicaciones a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) para evitar que se puedan compartir testimonios gráficos.
“Sabemos que el monopolio que controla la información es ETECSA y ese día, y posiblemente días antes, corte las comunicaciones. De hecho, ya lo ha hecho, ya que en algunos mensajes de texto ha prohibido palabras como ‘15N Cuba’ o ‘Archipiélago’ para que no lleguen a ningún teléfono dentro de la isla”, dijo a la Voz de América Félix Llerena, un joven cubano exiliado desde hace más de cuatro años en el sur de la Florida y que ahora ejerce de embajador de la organización Juventud y Democracia en las Américas.
En agosto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las nuevas medidas para restringir, aún más, la libertad de los periodistas a la hora de ejercer su trabajo de forma independiente. En ese entonces, el Gobierno cubano con su presidente Miguel Díaz-Canel al frente aprobó el Decreto-Ley 35, que permitía controlar y restringir el uso de internet y las redes sociales en toda la isla.
“Es una nueva estocada contra la libertad de expresión, mediante un decreto con lenguaje ambiguo que impone mayores límites en redes sociales”, comentó Jorge Canahuati, presidente de SIP, al tiempo que aseguraba que estas plataformas se han convertido en el “principal medio que usan los ciudadanos para difundir y consumir información” sin control gubernamental.
El ejecutivo dio luz verde a ese texto legislativo pocas semanas después del 11 de julio.
“Hasta el momento ninguna de las legislaciones que ellos han dictado han ido en beneficio de la gente, de la población”, comentó María Matienzo Puerto, en un mensaje de audio enviado al a Voz de América, tras conocerse la aprobación legislativa de la Asamblea Nacional.
En los últimos tiempos, activistas de derechos humanos, periodistas independientes y manifestantes que han expresado su rechazo a la administración de La Habana han sido citados por la policía, unas acciones que, a juicio de Matienzo, “son totalmente ilegales”.
“No confío en ninguna ley porque justo no vivimos en un estado de derecho porque no las aplican”, sentenció.
Los medios de comunicación en Cuba pertenecen al Estado, que ejerce un férreo control sobre la prensa. Los pocos medios independientes en la isla no están acreditados por las autoridades y con frecuencia son censurados por el gobierno, que bloquea el acceso a los mismos.
“Muchos activistas siguen sin internet desde el 11-J”
Sobre eso, Llerena aseguró que el Gobierno “nos quiere acorralados” y denunció que algunos activistas dentro de la isla que “desde el 11 de julio no tienen internet y nunca se les ha restablecido” el servicio. “Un ejemplo lo encontramos en la periodista Luzbely Escobar, del periódico 14ymedio, no tiene internet desde hace más de un mes. Eso no es algo nuevo y, lamentablemente, estamos acostumbrados a que ocurra en Cuba”, expuso.
Ante esta situación, aseguró que los jóvenes, que están liderando todas estas marchas en el país, también han creado sistemas de transmisión para evitar los intentos de censura y de bloqueo por parte del oficialismo cubano. “Los jóvenes están ideando planes para que una vez que corten el internet, puedan compartir información y sacarla al exterior”, dijo.
El Índice Chapultepec 2020, un informe publicado por la SIP para abordar la situación de la prensa en la región, colocó a Cuba, junto a Venezuela y Nicaragua, entre los países con mayores restricciones a la libertad de prensa, al considerar que “los gobiernos censuran el espacio digital a través de bloqueos, hackeos y amenaza de sanciones penales”.
“Hay que dar a conocer la verdad de Cuba”
Es una opinión que también comparten desde el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), que también vela por los derechos y libertades de los periodistas dentro de la isla. La entidad, con sede en Cuba, cuenta con una extensa red de profesionales de la información y otros colaboradores que elaboran diversas publicaciones desde diferentes provincias.
Juan Manuel Moreno Borrego es director del comité de protección de periodistas “Amanecer Habanero”, dependiente del ICLEP, y en los últimos tiempos ha podido comprobar cómo la represión se ha intensificado contra los que comparten información contraria al Gobierno cubano. En entrevista con la VOA, Moreno Borrego dijo que el único objetivo para hacer periodismo en esas condiciones pasa por el interés de “romper la censura y dar a conocer la verdad, la realidad que vive Cuba, la Cuba profunda, la de los marginados, la del cubano de a pie”.
Moreno, que actualmente reside en Matanzas, una provincia al occidente de la isla, lamentó que mucho antes de las protestas del 11 de julio, el acoso de las autoridades a la prensa independiente era notorio. “Los periodistas del ICLEP vivimos bajo constantes amenazas, vigilancia casi todo el tiempo, detenciones arbitrarias y con muchas dificultades para comunicarnos debido al corte de nuestras comunicaciones y el acceso a la red de redes” dijo mientras agregaba que “somos espiados de forma constante por los servicios de inteligencia del régimen”.
Tanto Moreno como otros activistas dentro de la isla están convencidos de que desde el 11 de julio, la represión y las dificultades para ejercer el periodismo se han intensificado. “A 30 periodistas del ICLEP les impidieron salir de sus hogares y el director ejecutivo y el de capacitación fueron arrestados arbitrariamente. Estos hechos dificultaron todo nuestro trabajo reporteril en todos los sentidos”, expuso.
Desde la SIP, por su parte, aseguran que las nuevas regulaciones denotan un “reacción desesperada” por parte del Gobierno cubano ante la creciente ola de protestas que se están registrando en el país. “La aprobación de esta nueva disposición es la reacción desesperada de un régimen controlador y acorralado”, indicó por su parte Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, recordando que “en Cuba ya existen leyes y decretos utilizados para sancionar a periodistas, activistas, ciudadanos y toda posición crítica a la oficial”.
El oficialismo defiende sus acciones anti-protestas
El oficialismo, que apoya fervientemente sus acciones legislativas, ha criticado a los activistas opositores al considerar que la marcha prevista para el 15 de noviembre “es una provocación” y “un desafío a las autoridades” cubanas, en tanto que “no es más que una escalada en el modo de actuar contra la Revolución (cubana)” con el apoyo, en opinión de Díaz-Canel, de Estados Unidos.
“Es un plan orquestado, se involucran tanques pensantes y portavoces del Gobierno de Estados Unidos en la concepción y preparación de estas acciones”, manifestó el presidente cubano, al tiempo que advertía de consecuencias contra aquellos que decidan marchar ese día.
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