Hasta hace poco, la confrontación entre Disney y el estado de Florida podría haber parecido inconcebible. Los ataques de los republicanos de Florida contra el gigante del entretenimiento afectarán, probablemente mucho, a la economía del estado; implican un repentino bandazo hacia la intolerancia en un país que parecía cada vez más tolerante, y las acusaciones contra Disney son, en pocas palabras, delirantes.
Pero lo que está ocurriendo en Florida tiene lógica cuando advertimos que lo que están haciendo el gobernador Ron DeSantis y sus aliados no tiene nada que ver con políticas públicas y ni siquiera con la política en el sentido convencional. Más bien, lo que estamos atestiguando son síntomas de la transformación que ha tenido el Partido Republicano de ser un partido político normal a un movimiento radical construido en torno a teorías conspirativas e intimidación.
En cuanto a la economía: hace apenas unos cuantos meses, The Tallahassee Democrat, un diario local, publicó un artículo titulado: “El ratón que no necesita rugir”, en el que alega que la enorme participación de Disney World en la economía de Florida le otorgó una influencia política casi irrefutable.
De manera más directa, Disney World está en un “distrito especial” de más de 10.000 hectáreas dentro del cual, pese a estar pagando impuestos locales sobre la propiedad, la empresa proporciona servicios públicos básicos. Sin embargo, la semana pasada, DeSantis promulgó una ley que elimina ese distrito, lo cual pondría en problemas a los contribuyentes locales, a quienes, al parecer, se les cargaría una deuda de más de 1000 millones de dólares.
Aparte de eso, además de emplear a una gran cantidad de personas, este centro turístico atrae a millones de visitantes cada año, mismos que gastan un dinero que sirve para estimular la economía de Florida en general. Y algo menos tangible, Disney World sin duda ha contribuido a que Florida tenga la imagen de un buen lugar para visitar y vivir. Su industria de hospitalidad y de esparcimiento es enorme y Disney World ha ayudado mucho para que lo sea.
No obstante, todo esto quedó en riesgo cuando Florida aprobó su proyecto de ley “No digas gay”, el cual no solo restringía lo que las escuelas pueden decir sobre la identidad de género, sino que limitaba muchísimo sus facultades para orientar a los alumnos atribulados sin que sus padres lo autorizaran y daba pie a que los padres presentaran demandas por transgresiones a unas reglas poco definidas.
Disney no se pronunció acerca de esta ley mientras intentaban que se aprobara con rapidez. Pero una empresa del entretenimiento cuyo negocio depende en parte de su imagen pública, no puede parecer que va demasiado en contra de las costumbres sociales predominantes. Además, la sociedad estadounidense, en general, se ha vuelto mucho más abierta que antes en lo que respecta a la comunidad LGBTQ: la aprobación del matrimonio igualitario aumentó del 17 por ciento, en 1996, al 70 por ciento el año pasado. Ya muy tarde —tras la aprobación del proyecto de ley—, el director general de Disney finalmente hizo declaraciones de que la empresa estaba en contra.
La respuesta de los republicanos ha sido muy radical; pero estos días siempre lo es.
Hace no mucho tiempo, se habría considerado inaceptable usar el poder del gobierno para imponerles sanciones económicas a las empresas por expresar opiniones políticas que no son de su agrado. De hecho, hasta podría ser inconstitucional. Pero el ataque a Disney ha ido mucho más allá de las represalias financieras: de pronto, Mickey Mouse es parte de una extensa conspiración. La vicegobernadora de Florida acusó a Disney en Newsmax de “adoctrinar” y “sexualizar a los niños” con su “plan no secreto”.
Si esto les parece demencial —que lo es— también es con mayor frecuencia la norma de los republicanos. No creo que los informes políticos estén al día de qué tanto el Partido Republicano se ha “qanonizado”.
Como señalé el otro día, casi la mitad de los republicanos creen que “demócratas importantes están involucrados en redes de tráfico sexual infantil de élite”. Esta cifra es todavía más impactante: el 66 por ciento de los republicanos creen en la “teoría del gran reemplazo” y aceptan, en su totalidad o en parte, la afirmación de que “el Partido Demócrata está intentando reemplazar al electorado actual con electores de países más pobres de todo el mundo”.
Con esta mentalidad, es lógico que los políticos republicanos ambiciosos promuevan políticas diseñadas para la paranoia de las bases y acusar a cualquiera que se oponga a estas políticas de ser parte de una conspiración perversa.
Además, las inusitadas características de los ataques contra Disney no solo alimentan la locura de las bases del Partido Republicano; lo absurdo de los ataques también es un mensaje intimidatorio para el mundo empresarial. Lo que, de hecho, dice es: “Sin importar cómo gestiones tu negocio o lo inofensivo que sea tu comportamiento, si criticas nuestras acciones o de alguna manera no demuestras lealtad a nuestra causa hallaremos algún modo de castigarte”.
Nuestra referencia evidente es la Hungría de Viktor Orbán, donde el mes entrante se celebrará la Conferencia de Acción Política Conservadora. Como lo señaló un informe reciente de Freedom House: en Hungría, “es factible que los empresarios cuyas actividades no están en consonancia con los interés políticos o económicos del gobierno sean víctimas de acoso e intimidación y que estén sujetos a una presión administrativa en aumento relacionada con una posible apropiación”.
Así que el conflicto con Disney es en realidad el síntoma de un acontecimiento mucho más profundo e inquietante: la qanonización y orbanización de uno de los partidos políticos más importantes de Estados Unidos, lo cual pone en peligro nuestra democracia.
Paul Krugman ha sido columnista de Opinión desde 2000 y también es profesor distinguido en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ganó el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2008 por su trabajo sobre comercio internacional y geografía económica.
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