El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela. “No es que no quiera. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no; la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser solo el discurso?”, expresó el mandatario este miércoles.
La semana pasada, Estados Unidos descartó invitar a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio porque considera que no respetan la democracia.
“Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia”, anunció el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en entrevista con la cadena NTN24.
El funcionario subrayó que el presidente norteamericano Joe Biden “ha sido bien claro de que los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación” a la cumbre, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de la región.
Torturas, presos políticos y dictaduras
Tanto en Venezuela, como en Cuba y Nicaragua no hay respeto por los derechos humanos, hay presos políticos, muchos opositores son torturados en las cárceles y hay censura contra la prensa independiente.
Los regímenes de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega son señalados constantemente por organismos de derechos humanos, ONG y hasta por la ONU por las acciones que emprenden contra todo aquel que piensa distinto.
En el caso de Venezuela, una misión de Naciones Unidas concluyó en marzo pasado que hubo crímenes de lesa humanidad y dijo que “la situación de impunidad debe ser atendida”.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó hace apenas unas semanas una actualización oral de su duro informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, expresó que “hay motivos razonables para creer que en Venezuela hubo crímenes de lesa humanidad”.
Luego señaló con preocupación las “violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de seguridad del Estado” y que “continúa siendo un obstáculo la falta de datos” por parte del Estado.
Valiñas destacó que, “en los últimos meses, se han producido algunos avances en casos emblemáticos abordados por la Misión”. Sin embargo, reiteró que “los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen el derecho de participar en las investigaciones” que se llevan adelante en el país.
Según el último balance de la prestigiosa ONG Foro Penal, hay 240 presos políticos del régimen. De ellos, 226 son hombres y 14 mujeres; 110 son civiles y 130 militares.
El director de la organización, Gonzalo Himiob, indicó que 9.414 personas se mantienen sujetas a “procesos penales injustos, por motivos políticos, bajo medidas cautelares”.
Además, hace unas semanas, una veintena de organizaciones humanitarias enviaron una carta al presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la que lo instan a pedir al régimen de Venezuela la liberación de los “presos políticos”, en particular del activista por los derechos humanos Javier Tarazona.
Tarazona, director de la ONG local Fundaredes, fue acusado por “incitación al odio” y “terrorismo” después de denunciar presuntos vínculos del régimen de Maduro con grupos armados colombianos en Venezuela.
“Caja de muñecas”, la tortura que usa la dictadura venezolana en sus centros de detención
La dictadura venezolana continúa usando brutales métodos de tortura en sus centros de detención, pese a los intentos de mostrarse colaborativa con la Alta Comisión de Derechos Humanos, denunció la activista Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla.
“Caja de muñecas” es el nombre usado por el régimen para este método que está siendo aplicado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
“Colocan a los detenidos en un espacio de 60 cm x 60 cm. Los dejan allí por horas, algunos han pasado hasta tres noches”, explicó una ilustración del Instituto Casla, en un adelanto del informe que presentó sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
El escaso espacio hace que los detenidos, habitualmente perseguidos políticos, tengan que estar parados y prácticamente no tengan espacio para sentarse o ponerse en cuclillas sin chocar con las paredes.
La publicación incluyó el testimonio de una víctima que fue torturada en el lugar, y que detalló los efectos físicos y psicológicos sufridos: “Pasé tres días en esa especie de cajón, sin agua y comida, sin aire, negro completamente, y creí que veía luces y sombras y que me hablaban. Me desmayé tres veces del cansancio, me hice pipí y me aguantaban las paredes, estaba alucinando”.
Tras las masivas e inéditas manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar en la isla el pasado 11 de julio, la dictadura castrista incrementó la persecución y la violencia contra toda voz que se alce en su contra. Es así como llevó y lleva adelante numerosos juicios en los que condena a largos años de cárcel a quienes participaron de las protestas callejeras.
El Tribunal Supremo ya sentenció a más de 120 personas por “subvertir el orden constitucional de forma violenta” debido a las protestas del 11J en la isla, por lo que los sentenciados han recibido penas de entre 4 y 30 años de cárcel.
“El Tribunal ha notificado las sentencias, en las que ha considerado probado y demostrado que el 11 de julio de 2021, en la Esquina de Toyo, municipio de Diez de Octubre, obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior, los acusados, intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta”, informó la máxima corte de la dictadura de Cuba en una nota de prensa por uno de los juicios, celebrado entre el 14 de diciembre y el 3 de febrero.
Los ciudadanos fueron “acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”.
Los presos políticos de la dictadura de Díaz-Canel
En su último informe, publicado el pasado 5 de mayo, Prisoners Defenders consignó que más de 1.200 personas sufrieron privación de la libertad en los últimos 12 meses.
La ONG denunció que desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de este año han sufrido prisión política en Cuba un total de 1.218 personas. “En este momento concreto, con cierre de datos a fecha 30 de abril de 2022, la lista de presos políticos de Cuba contiene 1.015 prisioneros sufriendo condenas judiciales, así como también disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso”, indicó la ONG.
También consignó que 874 de los presos políticos están en la cárcel por las masivas manifestaciones pacíficas del pasado 11 de julio.
“Reflejamos estos 1.015 prisioneros políticos verificados, como cada mes, en la lista de Prisoners Defenders de Cuba, que hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos”, siguió la organización.
Luego subrayó que “con 145 prisioneros políticos se inició el mes de mayo del año pasado. Desde entonces hasta el 30 de abril de 2022, otros 1.073 prisioneros políticos nuevos más se han sumado a los 145 primeros, arrojando un total de 1.218 prisioneros políticos durante estos últimos 12 meses”.
El régimen de Daniel Ortega llevó adelante una ola de arrestos en el marco de las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre y que todavía se extiende. Más de 170 críticos de la dictadura están presos actualmente en Nicaragua en el contexto de la crisis política que vive el país desde las protestas antigubernamentales de 2018, según organismos de derechos humanos y familiares.
Entre ellos, 46 fueron detenidos antes de las elecciones de noviembre, incluidos siete potenciales rivales electorales de Ortega, quien terminó alzándose con un cuarto mandato consecutivo desde 2007, considerado ilegítimo por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos.
El lunes pasado, Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para las Américas en el Departamento de Estado norteamericano, dijo que la administración de Joe Biden mantiene “un rango de comunicación bilateral” con Managua y sigue “presionando por la liberación de los presos políticos”.
“Sin lugar a dudas, la liberación inmediata de los presos políticos en manos del régimen sigue siendo una de las principales prioridades de Estados Unidos en Nicaragua”, aseguró la diplomática durante un foro organizado por el centro de estudios Diálogo Interamericano.
“El régimen encarceló a estas personas por querer nada más y exigir nada menos que democracia, justicia y respeto por los derechos humanos”, subrayó; denunciando no sólo “encarcelamientos injustos” sino también “condiciones deplorables” de privación de libertad, con negación de acceso a representación legal y medicinas.
Estados Unidos aplicó sanciones a 46 personas y nueve entidades en Nicaragua desde diciembre de 2017, incluidas a varios miembros del clan Ortega Murillo. Además, tomó medidas para aplicar restricciones de visado a más de 280 nicaragüenses.
“Continuaremos usando estas herramientas diplomáticas y económicas para aumentar la presión”, prometió Mendrala.
La condena de la dictadura de Ortega contra los candidatos que intentaron enfrentarlo
La feroz cacería que el régimen de Daniel Ortega desató contra los posibles candidatos presidenciales de la oposición, terminó el mes pasado con condenas de entre ocho y 13 años de cárcel contra todos ellos.
Ortega se aseguró un cuarto periodo consecutivo al frente del gobierno de Nicaragua a través de un proceso electoral que la oposición consideró “una farsa” y que llegó incluso a detener entre el 2 de junio y 24 de julio a siete de los posibles candidatos con mayores índices de popularidad.
De esta forma, Ortega compitió el 7 de noviembre pasado solo contra candidatos desconocidos, provenientes de partidos afines a su régimen.
“La declaración de culpabilidad contra los siete rivales que pretendían hacerle frente a Ortega y Murillo es la consumación de la persecución y judicialización política contra todo liderazgo o fuerza opositora que aspiraba disputar el poder a través del voto”, expresó el organismo independiente Urnas Abiertas, que desde el exilio y el clandestinaje ha dado seguimiento el proceso electoral nicaragüense.
El organismo destacó las múltiples violaciones al proceso judicial a las que el régimen recurrió para sacar del juego a estos candidatos que, según diversas encuestas independientes, le hubiesen ganado a Daniel Ortega en unas competencias justas y libres.
Una encuesta de la firma CID-Gallup, realizada en septiembre de 2021, reveló que el 65% de los nicaragüenses hubiese votado por cualquiera de los siete precandidatos que están en la cárcel y solo el 19% lo hubiese hecho por Ortega.
Los posibles candidatos de la oposición fueron apresados en una intensa redada policial que se ejecutó contra líderes políticos, periodistas, empresarios y analistas.
Entre las violaciones que el régimen sandinista ejecutó contra el proceso judicial de los presos políticos, Urnas Abiertas señala las detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y sin entregar acta de ocupación de bienes, prolongación injustificada de prisión preventiva superior a los 90 días que establece la ley, violación a la presunción de inocencia, incumplimiento y rechazo de los recursos de exhibición personal, y el derecho a ser juzgados por jueces imparciales, entre otras.
Asimismo, los familiares de los presos políticos denunciaron la particular saña con que el régimen ha actuado contra ellos al mantenerlos aislados, con escazas raciones de comida, visitas cada dos meses, y sin derecho a entrevistarse con sus abogados.
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