El proceso constituyente chileno estuvo marcado por el escándalo, los torpedeos políticos, una agenda de progresismo desbocado, el voto de castigo, las campañas de desinformación y los giros conservadores. También por el apoyo mayoritario de la migración venezolana y cubana a la campaña del rechazo constituyente. Comprender las particularidades del proceso desde la visión de estas comunidades puede arrojar luz sobre las tensiones particulares del fenómeno.
Miles de ciudadanos salieron a las calles chilenas para celebrar cuando en la noche del domingo 4 de septiembre de 2022 el Servicio Electoral de Chile (Servel) dictaminó que el plebiscito constitucional de salida había terminado a favor de la opción rechazo por una abrumadora mayoría. Dentro de esos ciudadanos había cientos de migrantes venezolanos y cubanos que expresaban una profunda sensación de alivio.
La sociedad chilena ha afrontado un momento político y social convulso que tuvo su clímax en las marchas ciudadanas de 2019. Momento que sorprende con consternación a la migración venezolana y cubana que asumen posiciones de horror ante la posibilidad de un remake de los procesos sociales latinoamericanos más recientes. Dichos procesos tuvieron término en el Gobierno autoritario de Nicolás Maduro, aliado incondicional de Miguel Díaz-Canel, y los desastres políticos y económicos de Ecuador y Brasil, por ejemplo.
Mientras los cubanos en la isla protestan contra un sistema que les priva de libertades, los cubanos y venezolanos en Chile sienten horror ante la apropiación de las reivindicaciones sociales de las protestas en el país por los movimientos de izquierda. Los partidos políticos hicieron interpretaciones muy distintas de las causas de las marchas de esos días, lo que definió las lealtades de los diversos grupos.
Asimismo, los partidos de izquierda consideraron que la violencia desatada desde octubre de 2019 era un medio legítimo para expresar el descontento de la ciudadanía ante el modelo neoliberal. La derecha vinculó los reclamos de los manifestantes y la posición de la izquierda con lo que cubanos y venezolanos identificaban como comunismo. Las encuestas e informes dieron cuenta de que el estallido social chileno fue transversalmente contra toda la clase política, independientemente de su color político. Mostraron que los chilenos despreciaban a todos los políticos por igual; incluso, a los líderes del Partido Comunista de Chile. Pero la lectura de la derecha pegó más en el electorado migrante latinoamericano.
Si bien el 18 de octubre de 2019 desembocó en manifestaciones masivas en todo el país, no fue hasta el 15 de noviembre de ese año que los sectores políticos decidieron encausar la crisis política y abrieron un proceso constituyente. Con representación en el Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera, el proceso se llamó «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución». A este se sumó parte de la oposición y dieron fin a las manifestaciones masivas.
La decisión de redactar una nueva Constitución fue consultada a la población a través de un plebiscito que recibió el apoyo del 78.28 % del electorado contra el 21.72 %. Estos últimos preferían mantener la Constitución de 1980, elaborada durante la dictadura de Pinochet y modificada en democracia. Con el rechazo de la propuesta de la Convención Constitucional el pasado 4 de septiembre, cubanos y venezolanos parecen ignorar lo innegable: que la mayoría de los chilenos habían decidido previamente dejar atrás la Constitución de Pinochet.
La gran mayoría de los chilenos sí desea una nueva Constitución redactada por una Asamblea Constituyente, así lo expresaron en las urnas. El rechazo de cubanos y venezolanos al nuevo borrador de la Constitución parece estar más relacionado no con el contenido, sino con la fuerza política y el protagonismo que han tenido en el proceso los partidos de izquierda que se apropiaron del proceso.
Una de las sorpresas que afrontan varios venezolanos y cubanos que llegan al país son las «elevadas» condiciones de vida de los chilenos comparadas con sus naciones de origen. Pero esto no les deja asumir que «la izquierda» chilena tiene sus particularidades, caracterizadas por una defensa y un profundo respeto a la democracia. Por lo general, ignoran que la prosperidad de Chile no solo se debe a las reglas constitucionales, sino a las sucesivas gestiones durante 30 años de democracia y Gobiernos generalmente de izquierda y centroizquierda. De ellos, salvo Sebastián Piñera, todos los presidentes (incluida Michelle Bachelet) han sido Gobiernos de centro y de centroizquierda democrática.
Asumen, con elevada presunción, que las similitudes semánticas expresan destinos. Un paseo por la calle, las tiendas y las redes sociales, puntos neurálgicos de la presencia migrante en Chile, implica una interacción bajo una premisa de alarma constante: «¡Así comenzamos nosotros!», te repiten de manera constante.
Esto no pasa desapercibido para una extrema derecha cada vez más radicalizada, lo que se demostró en las pasadas elecciones. En ellas, los candidatos de derecha y centroderecha fueron descalabrados ante la presión de «ley y orden» propuesta por el ultraconservador José Antonio Kast. La campaña usó como resorte el aumento de la delincuencia en la macrozona sur y las bandas criminales en el norte, al relacionarlas con el arribo a Chile de grupos criminales venezolanos y extranjeros como el «Tren de Aragua».
Ello permitió a los sectores de derecha usar la migración venezolana como chivo expiatorio. Por otra parte, posicionó a la migración venezolana y cubana en una campaña de desmarque de estos grupos violentos; en ocasiones alimentando más la xenofobia presente.
Cubanos y venezolanos en Chile, por lo general, asumen que la Convención Constitucional chilena, electa abierta y democráticamente por todos los sectores políticos y sociales (incluso aquellos que se opusieron), tendría algo que ver con la Asamblea Constituyente venezolana (la que asumió poderes plenipotenciarios que pisotearon la democracia venezolana). Todo a pesar de que el proceso chileno dio muestras suficientes de ser diferente por completo. Aun así, replican la retórica que busca empatar y alimentar la estigmatización con la izquierda cubana y venezolana.
Lo más interesante de todo es que los migrantes cubanos y venezolanos buscan preservar un modelo económico en Chile, que es muy superior a los estándares de salud y educación de sus países de origen. Pero la mayoría de los chilenos lo reconoce como insuficiente y abusivo para el logro de pensiones, educación y salud de calidad. Los chilenos aspiran a un país con un mejor sistema de redistribución de la riqueza y de un acceso superior al que poseen. Paradójicamente, los cubanos y venezolanos castigan con su voto a los partidos y movimientos sociales que más han hecho por políticas sociales en Chile. Se alían a la extrema derecha, la que más ha hecho para impedir que los migrantes entren al país.
En la asunción de este tipo de posiciones ha influido la actitud tibia de la izquierda democrática chilena con respecto a los Gobiernos autoritarios de la región. Una posición que contrasta con la de la derecha, que censura y condena abiertamente a los autoritarismos, en especial, la tríada Cuba, Nicaragua y Venezuela. Las actitudes de la derecha y la falta de desmarque clara de la izquierda chilena con regímenes como el cubano y el venezolano han propiciado que los primeros se ganen las simpatías del electorado oriundo de esos países, a pesar de que sus políticas finales no les sean favorables por completo.
Algunos votaron porque creyeron que con su voto contra la Constituyente o contra Gabriel Boric le hacían daño a Nicolás Maduro o a Miguel Díaz-Canel. Nada más alejado de la realidad. El proceso constituyente chileno, con sus altas y bajas, fue asumido por todos los partidos políticos de Chile, desde el Partido Republicano en la extrema derecha (que no dudaron en dinamitarlo desde fuera y luego desde dentro) hasta el Partido Comunista de Chile (que obtuvo solo cinco constituyentes de 154).
Los sectores de derecha pensaron que sería imposible aglutinar a la sociedad chilena para evitar un cambio de Constitución. Sin embargo, una vez derrotados en el plebiscito de entrada, asumen una posición beligerante y de ataque frontal, de desprestigio y falsa información contra el proceso con el fin de dinamitarlo desde dentro.
Al proceso de descrédito contribuyeron las posiciones radicales de los sectores de izquierda representados dentro de la Convención; lo cual potenció posiciones sectarias, partisanas y confrontacionales. Elemento que no se reserva solo a la derecha, sino a posiciones radicales dentro de la izquierda constitucional. Esta se «adueñó» de los resultados electorales del 80 % de la aprobación inicial. Además, quiso imponer su posición cerrándose al diálogo con los sectores minoritarios de la derecha representados en la Convención. Pero el proceso nunca fue «comunista», sino más progresista y woke. Sin embargo, esta no es la apreciación de la mayoría de la comunidad cubana y venezolana que producto de sus experiencias identifican todo giro a la izquierda como una patraña comunista.
EL PROCESO CONSTITUCIONAL MÁS ALLÁ DE LAS PERCEPCIONES DE LOS CUBANOS
El texto final de la Constitución sometido a referendo contó, en sus artículos más importantes, con el apoyo de todos los sectores dentro de la Convención Constituyente, incluida la derecha. Sin embargo, el uso de un lenguaje poco claro y exacerbadamente progresista del texto dejó espacios abiertos a la crítica y a las dudas de un amplio sector del electorado.
Las encuestas señalaban desde el inicio del proceso que a la población chilena le disgustaba la manera en la que la Convención manejaba los temas. Así que era probable que votarían para castigar la pésima imagen que tenía de los convencionales y no por las ideas del texto.
Algunas encuestas advirtieron que quienes rechazaban el documento ni siquiera lo habían leído. Los ataques a los símbolos nacionales y la no aclaración de la apropiación de otros símbolos, por otro lado, dieron al traste con el esfuerzo conciliador de la Convención. Esta fue derrotada en las urnas por los sectores rurales, regionales y pobres del país (por lo general fuera de la órbita estudiantil, joven y urbana que apoyaba las transformaciones). La derrota potenció, además, un voto obligatorio que sacó de sus casas a un sector descontento y desconocido.
En los resultados influyó también una fuerte campaña impulsada desde la derecha a favor del rechazo y que no supo ser contrarrestada por los sectores que apoyaban los esfuerzos constituyentes. En esa campaña jugó un papel fundamental la matriz ideológica que justificaba el rechazo con la idea de que la Convención Constitucional robaría los derechos de los chilenos solo por ser de izquierda.
Se esparcieron desinformaciones sobre los derechos plasmados en la propuesta que exacerbaban y usaban el tantas veces empleado sentimiento anticomunista y los teóricos riesgos de posibles expropiaciones (huella de la gestión de la Unidad Popular antes del golpe militar de 1973 y más reciente en la memoria de los migrantes venezolanos y cubanos). Además, que no serían dueños de sus casas, que perderían sus banderas, que la plurinacionalidad impondría privilegios a los pueblos originarios y a los estigmatizados mapuches (todavía hoy algunos creen que tendrían un tribunal independiente), que les robarían sus ahorros y que les quitarían sus fiestas tradicionales para instaurar otras.
Incluso, el financiamiento de las campañas fue muy desigual. El Centro de Investigación Periodística de Chile (Ciper) reporta que, de los 112 millones de pesos chilenos declarados al Servel por 36 entidades para las campañas, el 97.4 % fue dedicado a la campaña por el rechazo.
El rechazo puede interpretarse como un voto de castigo al recientemente electo Gobierno de Gabriel Boric. Boric asumió la presidencia del país en marzo de 2022 con el compromiso de realizar cambios sociales y proteger el proceso constituyente. Esto, luego de una campaña presidencial en la que su contrincante no escatimó en utilizar todas las herramientas de desinformación posibles; al acusarle de comunista, acosador, mentiroso, drogadicto, ignorante e, incluso, de «flojo» (en Chile se asocia con vago).
Pero su gestión en los últimos seis meses ha estado marcada y ralentizada por los efectos de la pandemia, la crisis mundial pospandemia y los letargos de una «nueva izquierda», joven y progre sin experiencia presidencial.
Boric es apoyado por una coalición de partidos de izquierda que van desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana en el centro (aunque no forma parte del Gobierno, han declarado su apoyo). Gabriel Boric armó su primer gabinete con jóvenes militantes que surgieron políticamente en las marchas de 2010 y que le han acompañado por los últimos doce años.
Sin embargo, en un país con una de las democracias más sólidas del continente, la realidad política no se parece a la de las autocracias de las que provienen cubanos y venezolanos.
La voz cantante en la política no la suele llevar el presidente. Su poder está limitado por otros estamentos. Principalmente por un Congreso que, en la actualidad, es de mayoría opositora. Este mecanismo conlleva a que los cambios políticos y económicos no lleguen en el tiempo que la ciudadanía espera. Tal situación termina por afectar a un electorado sediento de cambios y de beneficios. El voto de castigo a una posición «tibia y amarilla» estrelló el voto del votante medio chileno en contra de la propuesta constitucional.
El rechazo al texto constitucional chileno contó con el apoyo de la mayoría de la comunidad cubana y venezolana. Esto demuestra el repudio de ambas a una izquierda que no ha sabido desmarcarse con claridad de los autoritarismos que gobiernan en sus naciones de origen.
No obstante, el repudio ha impedido que cubanos y venezolanos residentes en Chile comprendan (más allá de la ideología o de sus contradicciones) que existen sectores nada despreciables de la sociedad chilena que quieren cambios sin que esto signifique renunciar a su democracia y bienestar.
En la negación de esa realidad, cubanos y venezolanos pierden la oportunidad de forjar alianzas con grupos sociales que han sabido construir partidos jóvenes, activos y funcionales, tan necesarios para la sociedad civil y política futura de ambos países. Han perdido la oportunidad de aprender ―aunque con claras diferencias― cómo puede llegarse al poder a través de movimientos ciudadanos.
La mayoría de los chilenos aprueba la sustitución de una Constitución que fue confeccionada en dictadura. Una aspiración que compartimos y defendemos también los cubanos que vemos en la Constitución cubana un símbolo de la tiranía del Partido Comunista. Sin embargo, no hemos sabido, a pesar de nuestra experiencia autoritaria, escuchar y entender a otros pueblos como el chileno que reclaman igual aspiración. No hemos sabido evitar que nuestro sufrimiento se utilice como arma política en un juego cruel y en el que no tenemos capacidad real de influencia.
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